Montoro, obsesionado por reducir el déficit sin cumplir nunca el objetivo

Madrid

La principal batalla de Cristóbal Montoro ha sido intentar cumplir con los objetivos de déficit público exigidos por la Comisión Europea, y en ella seguirá, ya que ha sido confirmado como ministro de Hacienda por Rajoy. Un déficit que si bien se ha reducido cada año a lo largo de la legislatura (del 9,6% de 2011 al 5% en 2016), siempre ha desbordado los límites fijados. 

En esa lucha por cumplir el déficit, los recortes han sido el arma más utilizada, mientras que la apuesta por incrementar los ingresos vía impuestos ha sido denostada con reformas fiscales que los han bajado en campaña electoral.

Bajada y subida de impuestos

En 2015, el Gobierno aprobó una reforma fiscal que supuso una rebaja de los tipos impositivos del IRPF. Luego, el pasado agosto, poco antes de nuevos comicios, el Ejecutivo dio luz verde a un descenso adicional. Además, se llevó a cabo la eliminación del tipo mínimo en el pago fraccionado del Impuesto de Sociedades con efecto este 2016, suelo recuperado y aumentado ahora para ingresar más de 8.000 millones de euros, tras una drástica caída de la recaudación de este impuesto (-24,9% hasta septiembre). Por su parte, en septiembre de 2012, subieron el tipo reducido y el general del IVA, mientras que algunos productos pasaron de gravarse de uno a otro.

Recortes presupuestarios

Al mismo tiempo, los recortes se han materializado en los Presupuestos de estos últimos años, destinando menores partidas a políticas esenciales de un ejercicio a otro. Asimismo, están el adelanto del cierre presupuestario de julio, cinco meses antes de lo habitual, o la no disponibilidad de crédito de 2.000 millones de euros, medidas tomadas este mismo año.

Las comunidades autónomas (CCAA) han sufrido también las políticas de austeridad para cumplir el déficit, siendo además directamente culpadas de la desviación de 2015. Con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, el control de Hacienda sobre las regiones ha sido férreo. Montoro ha llegado incluso a intervenir las cuentas de varias de ellas y pagar directamente a los proveedores de las regiones con los recursos del sistema de financiación.

Con los mercados cerrados para las comunidades, el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) ha permitido disminuir la asfixia financiera, pero las incumplidoras han visto esa financiación condicionada a la elaboración de planes económicos (PEF) con duros ajustes.

Todo esto, después de que el Gobierno aprobase una amnistía fiscal al poco de llegar al poder para regularizar dinero no declarado. La condición era pagar un 10% de ese patrimonio aflorado y cuya recaudación quedó en 1.200 millones de euros.