El Gobierno no pone orden en políticas autonómicas contra la pobreza energética

Madrid

Un 10,6% de los españoles sufren el problema de la pobreza energética: no pueden tener sus casas suficientemente caldeadas en invierno. Son los últimos datos de Eurostat, que corresponden a 2015. Significa que los afectados en nuestro país son algo más de 4.900.000 personas. 250.000 menos que un año antes: influyen la evolución de la renta y sobre todo los precios de la energía.

Una de cada siete personas que viven solas es pobre desde el punto de vista energético. Lo es uno de cada 9 mayores de 65 años y uno de cada ocho hogares con un solo adulto y niños a su cargo.

Sin medidas a nivel estatal

El 4 de octubre se aprobó en el Congreso una proposición no de ley, pactada por Ciudadanos, PSOE y PP, que plantea al Gobierno que garantice que no se corte el suministro energético a las viviendas con personas enfermas que necesiten equipos eléctricos. Que las empresas tengan que avisar antes de cortar el suministro a cualquier otra familia para que los servicios sociales puedan ver si están en situación vulnerable...

Invoca también que se impulsen acuerdos con las empresas energéticas para que no corten el suministro en invierno a los considerados consumidores vulnerables. Y que puedan acceder al bono social eléctrico hogares con bajo nivel de renta.

La novedad es que el PP asume por primera vez la necesidad de hacer frente al problema. Pero el nuevo ministro de Energía, recién llegado al cargo, no ha hecho ninguna declaración de intenciones al respecto.

Los aliados del PP en la proposición no de ley dicen que no van a esperar mucho para pedirle cuentas. El PSOE reclamará al gobierno central unos 130 millones de euros en los presupuestos, justo lo que se habría gastado en unas terceras elecciones, nos dice su portavoz Gonzalo Palacín. Ciudadanos no da cifras.

Consumidor vulnerable

Ambos partidos coinciden en que hay que definir el concepto "consumidor vulnerable": quién tiene derecho a recibir ayudas, sobre todo en función de la renta, para conseguir una igualación mínima a nivel estatal...

En el Congreso se abstuvieron Unidos Podemos y Esquerra Republicana de Catalunya. El plan de Unidos Podemos es que la pobreza energética la cubran las eléctricas con el dinero que han cobrado de más por los llamados costes de transición de la competencia, que se evalúa en unos 3.000 millones de euros, y que los sucesivos gobiernos no les han reclamado.

Compás de espera en la administración central. Pero muchos gobiernos autonómicos sí están actuando, no todos. Algunas autonomías han legislado y en un buen número de ellas hay acuerdos con las empresas energéticas por los que éstas se comprometen a no cortar el suministro a sus clientes en dificultades económicas.

Con algunas diferencias de enfoque: las empresas energéticas, en general, creen que pueden cortar suministros en caso de impago a no ser que esos hogares estén incluidos en una lista de familias en situación vulnerable que les hayan adelantado los servicios sociales de ese territorio. Hay comunidades que piensan -y está escrito en alguna norma- que debe ser al revés: que antes de cortar un suministro las empresas han de presentar a esos servicios si se trata de hogares a proteger.

Diversidad regional

Alguna comunidad autónoma, reconocen sus portavoces, ni siquiera se ha ocupado del asunto, como Murcia. Alguna otra empieza a tramitar normas, como Canarias. Otras ya las tienen, y presupuestos: Andalucía dice que destina seis millones de euros a ayudas para energía y agua. La comunidad de Madrid, un millón para energía... apenas un tercio de lo que dice el Ayuntamiento de Murcia.

La diversidad es enorme. También entre ayuntamientos. Así que varía mucho el presupuesto por habitante para ir en auxilio de los que sufren precariedad a la hora de calentarse o alumbrarse. Varía también la gestión de las ayudas: unas veces se encargan los servicios autonómicos, otras los municipales, Cruz Roja o Cáritas.

En general el coste lo asume la administración. Cataluña, en su última norma plantea que las empresas pongan una parte, pero sin concretar. Las energéticas no están por la labor y no está claro cómo se va a resolver la situación.

Y tampoco hay criterios uniformes de renta para poder recibir las ayudas: En unos territorios se vinculan al IPREM, un indicador que está en 532 euros al mes. En la Comunidad Valenciana el límite máximo de renta para tener derecho está en 1,5 veces el IPREM: 800 euros al mes. En Asturias en 700 euros. En otros casos se deja a criterio de los Ayuntamientos, o de las ONGs.

50.000 hogares auxiliados

Las grandes tres energéticas: Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa, nos dicen que ha evitado el corte a 55.000 hogares en total

Según los datos autonómicos, se superan también los 50.000 clientes. Pero en algunos casos se incluyen los recibos de agua impagados. Es difícil afinar. Y más en ausencia de criterios uniformes a nivel estatal, porque la administración central sigue sin actuar.