El bono social eléctrico... en la encrucijada

Madrid

Es un descuento del 25% en el recibo de la luz del que se benefician 2.414.507 hogares (últimos datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia referidos a mayo de 2016).

Viviendas habituales con menos de 3 kw de potencia contratada: están 1.800.000. Eran 2.500.000 en 2010, pero su número se reduce a medida que se detectan viviendas en las que los titulares no están empadronados, según explica la propia CNMC.

Pensionistas con pensiones mínimas... 320.000.

Familias numerosas: 214.000. No se establece un tope máximo de ingresos para poder beneficiarse de la ayuda.

Familias con todos sus miembros en paro... 76.000. En España hay 1.400.000 hogares en esa situación.

El portavoz de FACUA, Rubén Sánchez, denuncia las que considera "incongruencias" del sistema: "Conozco a una familia numerosa en la que entran 20.000 euros al mes en salarios: tienen derecho al bono social. Conozco a otra familia, en la que sólo un familiar trabaja, con un contrato de 10 horas a la semana. En casa entra escasísimo dinero: No tienen derecho a bono social"

Una proposición no de ley consensuada por Ciudadanos, PP y PSOE a principios de octubre plantea que se incorpore al bono social a familias que no superen un determinado nivel de renta. Otras fuerzas políticas abogan por ello, como Unidos Podemos.

El PSOE propone una "tarifa social", financiada con cargo a los presupuestos del Estado, para que las familias con menos recursos sólo deban dedicar un porcentaje de su renta a gasto de energía, para unos consumos que se consideren razonables. Por ejemplo, que una familia con 600 euros al mes de ingresos no tuviese que dedicar al pago de recibos energéticos más de un 10% (60 euros en el ejemplo) para un consumo que se considere indispensable para mantener unos niveles mínimos de confort. La cuantía en que se superase ese consumo se debería pagar al mismo precio que el resto de los usuarios.

El PSOE sostiene también que deben excluirse de las ayudas las familias numerosas con rentas altas. En esto coincide Ciudadanos.

El gobierno no se ha pronunciado. el responsable ministerial, Luis de Guindos, decía el jueves 27 que había que estudiar el fallo del Tribunal del Supremo en que anula el modelo de financiación del bono social puesto en marcha por el gobierno Rajoy y obliga a que se devuelva a las empresas del sector el coste que han asumido en los últimos años.

UGT ha dicho que ese coste -se estima en unos 500 millones de euros- no debe recaer sobre los ciudadanos. La OCU propone un reparto distinto -con garantías legales- entre las empresas del sector, ya que el Tribunal Supremo njo cuestiona que su financiación se atribuya a esas empresas, sino el modelo de reparto de los costes establecido por el gobierno. También el PSOE.

Jorge Morales, de la plataforma por un nuevo modelo energético, le ve difícil encaje jurídico, ya que se precisaría una norma que atribuyese nuevas obligaciones de pago a empresas hasta ahora exentas con carácter retroactivo. Este experto recuerda que el gobierno ya contempla hacer frente a sentencias con cargo a los peajes eléctricos. "el propio Ministerio de Industria al elaborar la orden de peajes -lo que tenemos que pagar los consumidores en el recibo de la luz- ya tiene una línea específica que se denomina así: ejecución de sentencias", con lo que da por hecho que el ejecutivo recurrirá a ese epígrafe para hacer frente a la sentencia del Supremo.

La buena noticia es que esa cuenta ha tenido un superávit en los últimos años de unos 1.000 millones de euros. La mala noticia es que la deuda -vinculada al déficit tarifario de los años anteriores- supera aun los 20.000 millones de euros.