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Lomce

El Congreso estudia hoy la petición del Gobierno para vetar la suspensión de la LOMCE

El Ejecutivo reclama su derecho a vetar proposiciones de ley que conlleven aumento presupuestario. Si el Congreso no rectifica, el Gobierno podría recurrir al Constitucional

Manifestación entre Atocha y la Puerta del Sol convocada por el Sindicato de Estudiantes (SE) en la jornada de huelga nacional de alumnos contra la Lomce y las "reválidas" el pasado 24 de noviembre / J. J. Guillén EFE

Madrid

La Mesa del Congreso estudiará este martes la petición del Gobierno para revocar, con carácter retroactivo, la proposición de ley para suspender la LOMCE que aprobó el pleno hace dos semanas con el respaldo de toda la oposición.

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En el escrito dirigido al Congreso, el Gobierno argumenta que la Constitución le permite vetar cualquier proposición de ley que implique un aumento de gasto público, y en el caso de la LOMCE, señala que su suspensión conllevaría la pérdida de 615 millones de euros de fondos europeos, que el Estado español se vería obligado a financiar. Por ello  pide al Congreso que rectifique y anule el acuerdo de la Mesa que ha permitido iniciar la tramitación legislativa para tumbar la LOMCE, pese a la disconformidad del  Gobierno.

PSOE, Podemos y Ciudadanos acordaron en octubre dar luz verde a esa tramitación, al considerar que no estaba convenientemente justificado el veto del Gobierno. En consecuencia, la proposición de ley presentada por el PSOE para suspender la aplicación de la Lomce se debatió en el pleno del 15 de noviembre, siendo aprobada con el respaldo de toda la oposición y los únicos votos en contra del PP.

Fuentes de esas tres formaciones consultadas por la Ser señalan que mantienen su postura y no ven motivos para aceptar ahora la petición del Ejecutivo, máxime cuando ello supondría revertir una votación en el pleno del Congreso. La Cámara está pendiente de un informe jurídico en cualquier caso para fundamentar su decisión en una discrepancia que amenaza con convertirse en un nuevo choque de trenes entre el Gobierno y el Congreso.

Y es que si el Congreso no rectifica y el desacuerdo persiste, el Gobierno no descarta recurrir ante el Constitucional en un nuevo conflicto de atribuciones para que el alto tribunal dirima quien tiene la razón, si el ejecutivo o el legislativo.

Fuentes del Gobierno remarcan que la discrepancia es jurídica y afecta a las competencias que la Constitución confiere al Ejecutivo para vetar proposiciones de ley que incrementen el gasto. Esas mismas fuentes señalan que, en caso de recurso ante el Constitucional, si el tribunal diera la razón al Ejecutivo podría quedar anulada con efectos retroactivos la proposicion de ley que se hubiera podido tramitar y aprobar contra el criterio del Gobierno.

 
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