''En España no hay un modelo de integración, es cortoplacista''

Madrid

“Amnistía Internacional puso en conocimiento del Ministerio de Empleo y Seguridad Social el caso de una persona en concreto que estaba en el centro de DIANOVA y que nos hizo llegar sus quejas por las malas condiciones de acogida. Sin embargo desde el Ministerio se nos comentó que ellos consideraban que era un lugar que ofrecía las características adecuadas y no quisieron considerar las preocupaciones que estaba transmitiendo Amnistía Internacional”, denuncia en declaraciones a SER Virginia Álvarez, la responsable de política interior de Amnistía Internacional en España.

“Él ya llevaba un tiempo en España y en vez de permitirle que siguiera su integración en el lugar en el que ya estaba se le envió a un centro totalmente retirado donde además tenía que convivir con personas toxicómanas y esto le estaba causando mucha inseguridad”, recuerda Álvarez. Ese caso es el de José Ricaurte, un colombiano que llegó a España precisamente con la ayuda de Amnistía Internacional huyendo de la persecución que padecía en su país. El caso de este refugiado y de su familia fue puesto en conocimiento por parte de Amnistía Internacional a la Secretaría General de Emigración e Inmigración del Ministerio de Empleo y Seguridad Social que gestiona la acogida de migrantes y refugiados en España que no reaccionó a la queja directa ni del refugiado colombiano ni de la ONG especializada en la defensa de los derechos humanos.

Este hombre que había sido llevado a este centro con su mujer y dos hijos se quejó por la falta de transporte para que su hijo acudiera al instituto “tenía problemas para que su hijo fuera a clase. Tardaron mucho tiempo en buscar una ruta de transporte para que el chico fuera al Instituto y generó problemas de escolarización, de hecho estuvo semanas sin escolarizar”, detalla la responsable de Amnistía Internacional.

La propia Álvarez visitó las instalaciones de DIANOVA en Ambite para conocer las quejas de Ricaurte y se encontró con otros testimonios que también puso en conocimiento del Gobierno. “Nos encontramos varias familias monoparentales, sobre todo madres solas con niñas, nos mostraban su temor por lo aislado del centro y por las constantes peleas de otros internos de las que eran testigos. Y que tenían miedo por las noches al volver al centro porque tenían que hacer un camino muy largo y solitario”, afirma en referencia a la lejanía de ese centro , ubicado a más de 60 kilómetros de Madrid en un entorno rural.

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Desde Amnistía Internacional llevan tiempo cuestionando el modelo de acogida e integración de migrantes y refugiados que lleva a cabo el Gobierno español. Recientemente han publicado el informe “El asilo en España: un sistema de acogida poco acogedor” en el que se detallan numerosas irregularidades en diferentes centros del territorio nacional. Álvarez señala que ese modelo de acogida no es sólo cuestionable por las condiciones físicas de los centros sino por la calidad de la atención que reciben, “porque hay riesgos como que haya organizaciones no profesionalizadas o puede ocurrir que no haya un sistema adecuado para informar a las personas refugiadas sobre sus derechos. Empezando porque una ley como la de asilo, que es de 2009, todavía no tenga reglamento. Nos hemos encontrado que los solicitantes de asilo a la hora de conocer en detalle de sus derechos tienen que acudir a los pliegos de condiciones de estas organizaciones, lo cual debe ser revisado inmediatamente desde nuestro punto de vista”, reclama.

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Más de 7 años con una ley de asilo sin reglamento

Según denuncia Amnistía Internacional muchos problemas del sistema de acogida español derivan de la falta de desarrollo de la ley que lo regula. ”Se supone que en seis meses desde la aprobación de la ley de asilo se tenía que haber desarrollado el reglamento. Además hay un agravante, ha habido varias directivas europeas que mejoran los derechos de los solicitantes de asilo que no han sido incorporadas a la legislación española. No ha habido un desarrollo del reglamento ni una modificación de la ley después de 7 años”, denuncia la responsable de Política Interior de esta ONG en España.

Este modelo de acogida a refugiados “puede estar vulnerando sus derechos básicos en aras de poder normalizar sus vidas y de ser tratados con dignidad” advierte Álvarez. “No hay realmente un itinerario de integración a largo plazo. Esto se hace más evidente con personas que el propio Gobierno está trayendo y dando protección, sería el caso de los sirios que se están reasentando. Se trata de un modelo cortoplacista, que muchas veces no tiene en cuenta la situación personal, que está a espaldas también de las administraciones que deberían ser más cercanas como las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos y hay un riesgo de que estas personas queden fuera del sistema al poco tiempo y en muchos casos nos hemos encontrado que lleguen incluso a una situación de indigencia” recalcan desde Amnistía Internacional que lamenta la falta de interés del Gobierno por poner al día su sistema de asilo.