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Caso Urdangarin

El divorcio del caso Nóos

El juez Castro y el fiscal Horrach que han atajado la corrupción en Palma se han convertido en enemigos íntimos por la imputación de la infanta Cristina

El juez José Castro y el fiscal Pedro Horrach han formado un matrimonio bien avenido. Campechano y expeditivo el uno; firme y habilidoso para llegar a pactos, el otro. Juntos han investigado el caso Palma Arena, el mayor caso de corrupción de la isla del que pende el caso Nóos. Ambos estuvieron de acuerdo en rechazar la primera intentona del pseudosindicato Manos Limpias para que Cristina de Borbón declarara como imputada pero esa unidad se quebró casi dos años después al segundo intento.

Sabedor de los planes del juez, el fiscal presentó un escrito previo a la decisión de José Castro. Pedro Horrach hablaba de "confabulaciones delictivas" y "elucubraciones compartidas por un número más o menos amplio de personas". Subrayaba que los informes de la Agencia Tributaria exoneraban a la hermana del rey y que "las conjeturas o sospechas no constituyen títulos válidos de imputación". Todo era, a juicio de Horrach, "una especulación huérfana que tendría cabida solo en el ámbito de la rumorología".

Una teoría conspirativa

La estrecha relación personal y profesional se resquebrajaba y en el recurso del fiscal anticorrupción contra la decisión del juez de interrogar a Cristina de Borbón reclamó que previamente declararan los peritos de la Agencia Tributaria y acusó a Castro de usar una "teoría conspirativa" para imputarla. Finalmente la infanta bajó la rampa de los juzgados de Palma y tuvo que declarar. Castro decidió procesarla y Horrach invocó la doctrina Botín que establece que no se puede abrir juicio oral contra una persona cuando ni el fiscal ni el perjudicado acusan. Esta estrategia también cayó en saco roto y la acusada acabó en el banquillo. El último intento para eximirla del vía crucis judicial fue volver a esgrimir la doctrina Botín en la fase de las cuestiones previas del juicio oral y presentar un nuevo informe de la Agencia Tributaria que le exoneraba. El tribunal volvió quitarle la razón. Hasta siete jueces de Palma han visto indicios para que Cristina de Borbón se sentara en el banquillo y ahora solo puede salvarla una sentencia absolutoria.

Los esfuerzos de Pedro Horrach, convencido de la que asistía la razón jurídica, le han conducido a la melancolía, y ha perdido la batalla judicial y la mediática frente a José Castro. El fiscal ha quedado ante la opinión pública como abogado defensor de la infanta más que como defensor de la legalidad. Sus ataques a Castro llevaron al juez a pedir que presentara una querella contra él, según explicó a la Cadena SER, "para que pueda defenderme".

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