Ciudadanos no logra que el PP impulse ninguna de sus exigencias de regeneración

Madrid

Expulsión inmediata de cualquier cargo público imputado por corrupción, eliminar aforamientos, aprobar una nueva ley electoral, suprimir los indultos por corrupción política, limitar los mandatos del presidente del Gobierno y crear una comisión de investigación en el Congreso para investigar la presunta financiación irregular del PP. Esas eran las seis exigencias que el PP se comprometió a poner en marcha a cambio de negociar con Ciudadanos su apoyo a la investidura de Mariano Rajoy. La formación conservadora firmó hacerlo durante los 100 primeros días de gobierno, pero esta semana se cumplen cuatro meses desde que el jefe del Ejecutivo revalidara su cargo y ninguna de esas reformas han visto la luz.

• Expulsión de cargos imputados por corrupción

El incumplimiento de este punto del acuerdo ha sido evidente en las últimas horas, tras la citación como investigado del presidente de Murcia en el marco del caso Auditorio. El PP, que firmó este compromiso en el pacto nacional (para lograr el apoyo de Ciudadanos a Rajoy) y en el de la propia Comunidad Autónoma, se niega a forzar la salida de Pedro Antonio Sánchez porque entiende que no se trata de un caso de corrupción. Además, creen que el dirigente murciano tiene derecho a declarar antes de abandonar su puesto. Aunque los de Rivera insisten en exigir a sus socios que cumplan con lo acordado, por ahora no se atreven a ir más allá apoyando una moción de censura que daría el gobierno regional al PSOE. Los representantes de ambas formaciones mantendrán una reunión el próximo jueves, diez días después de que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia dictara su auto de imputación, para intentar buscar una salida consensuada a esta situación. 

•  Eliminar los aforamientos

El Partido Popular ha retrasado en varias ocasiones el cumplimiento de este punto. En público lo hizo la vicepresidenta del Gobierno, que interpelada por el propio Rivera en una sesión de control, aseguró que habría que "analizar y acompasar" la reforma de la Carta Magna con la modificación de "19 Estatutos de autonomía, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley del Defensor del Pueblo y otras leyes reguladoras de otras instituciones que aforan a presidentes y miembros del Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial". "Con la reforma de la Constitución", explicó la vicepresidenta, "arreglamos 650 aforamientos, pero nos quedan el resto hasta llegar a 2.000". Los socios de investidura se reunieron la semana pasada para abordar esta reforma pero no hay avances al respecto.

• Nueva Ley Electoral

Es la única condición en la que ambos partidos pueden asegurar que hay avances. La próxima semana se constituirá en el Congreso de los Diputados una subcomisión de estudio de la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, lo que demuestra que existe la disposición de los partidos a abordar este cambio. Sin embargo,  el pasado agosto la formación naranja explicaba que la forma en que se debía implementar este punto era impulsado una reforma exprés de la Constitución que acabara con el voto rogado, contemplara las listas abiertas obligatorias y diera mayor representatividad al sistema. La letra pequeña de esta exigencia ha sido olvidada por los socios de investidura. 

• Suprimir los indultos por corrupción

El Congreso aceptó tramitar hace unas semanas una propuesta del PSOE en la que se incluía la supresión de esta medida de gracia. También Ciudadanos llevó a la cámara una proposición de Ley que prevé esta reforma, pero lo cierto es que ni el Gobierno ni el PP la han impulsado y hoy por hoy los indultos siguen siendo un recurso vigente. Rivera también ha interpelado al Ejecutivo por este motivo en las sesiones de control de la Cámara Baja. La Moncloa asegura que desde 2012 el Gobierno no ha indultado a ningún condenado por corrupción política. 

• Limitación de mandatos

La literalidad del acuerdo dice que se limitarán a ocho años o dos legislaturas los mandatos del presidente del Gobierno. Este será uno de los asuntos que ambos partidos abordarán este martes en una reunión rutinaria que se celebrará en el Congreso de los Diputados. Públicamente PP y Ciudadanos han hecho declaraciones contradictorias. En Génova se comprometieron a ello para conseguir la investidura , pero en las últimas semanas distintos portavoces han expresado sus dudas sobre la legalidad de la medida. La formación naranja quería impedir que Mariano Rajoy optara a un tercer mandato pero admiten que no se puede elaborar una ley 'ad hoc' o "anti-Rajoy" porque su aplicación no tendría carácter retroactivo.

El PP estudia una propuesta que Ciudadanos le trasladó la semana pasada. Fuentes del Gobierno y del grupo parlamentario popular en el Congreso se muestran dispuestas a estudiar de forma conjuntamente el desarrollo legal de esta medida , pero aseguran que tienen dudas sobre la constitucionalidad de la misma porque se podría ver vulnerado el derecho al sufragio activo y pasivo de los electores. El propio Rajoy ha expresado en varias ocasiones su disconformidad con este punto. "En un sistema parlamentario como el nuestro no tiene sentido", llegó a asegurar en una entrevista. 

• Investigación sobre la financiación irregular del PP

Es la última condición del pacto. El PP está dispuesto a enterrarla esgrimiendo que ya hay dos comisiones de investigación en marcha en el Congreso (rescate de las Cajas de Ahorro y gestión de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior). Ciudadanos asegura que no necesita al Partido Popular para ello, ya que el PSOE registró una iniciativa similar y Podemos también estaría a favor de su creación. Lo cierto es que tampoco en este caso la formación conservadora ha puesto facilidades para cumplir lo firmado a cambio del apoyo de su socio de investidura.

Para el PP, las condiciones eran "lentejas" 

Desde Génova han verbalizado en las últimas horas su nula disposición a sacar adelante estas medidas. El coordinador general del partido, Fernando Martínez Maíllo explicaba en rueda de prensa que en su día se firmaron esas seis condiciones porque de lo contrario no estaba garantizada la gobernabilidad del país. "Hubo seis puntos iniciales, que eran unas condiciones previas que todos sabían que era lo que era, eran lentejas vaya, eran lo que es, no había otra opción y por lo tanto había que asumirlo como tal para garantizar que hubiera un gobierno en España", zanjaba el número tres de la dirección.

El PP sigue defendiendo además la continuidad del presidente de Murcia en su cargo. Este martes el también vicesecretario general de organización destacaba que Pedro Antonio Sánchez no tenía por qué abandonar la presidencia. "Tiene el apoyo de los afiliados y ningún problema legal". "Seguimos sosteniendo que Pedro Antonio Sánchez ha recibido muchas denuncias y muchas querellas políticas. Y todas han sido archivadas, está citado a declarar en un procedimiento y veremos a ver lo que sucede después de esa declaración, porque pueden suceder muchas cosas", concluía.

Ciudadanos intenta demostrar avances

El partido de Rivera se encuentra en el momento más delicado desde que firmara su acuerdo con el PP. En la Ejecutiva tratan de mostrar optimismo y trasladar una sensación de cambio que en la práctica es irreal. Ciudadanos ha lanzado una campaña a través de las redes sociales en la que explican la utilidad del voto naranja. El líder de la formación ponía como ejemplo la admisión a trámite de su Ley integral de lucha contra la corrupción. Rivera daba por hecho el fin de los indultos a pesar de que esa reforma solo se ha empezado a tramitar. 

El voto a favor del candidato conservador sin entrar en el Gabinete y sin tener los escaños suficientes para que Rajoy dependa solo de su apoyo para gobernar han dejado a Ciudadanos sin armas para presionar ante estos incumplimientos. Albert Rivera solo puede apelar a la buena voluntad, por ahora inexistente, de su socio de investidura.