El Tribunal de Cuentas pide al Banco de España mejorar sus mecanismos de supervisión

Madrid

El Tribunal de Cuentas analiza la función supervisora del Banco de España en el ejercicio 2015 en el que, como conclusión principal, pide que mejore los procedimientos de supervisión de las entidades de crédito significativas españolas para mejorar el grado de cumplimiento y lanza diez recomendaciones, siete para el propio Banco de España y tres para el Gobierno.

En el informe bajo el título "fiscalización del cumplimiento de la legalidad y de sistemas y procedimientos de la función supervisora del BE, ejercicio 2015" el organismo critica la organización interna del Banco de España y la falta de inspectores en los equipos de supervisión que han de coordinarse con el Banco Central Europeo, una doble dependencia que se estableció en 2014 tras la quiebra del sistema financiero español y que genera dificultades en el funcionamiento del personal del Banco de España.

Así, el Tribunal de Cuentas insta al BE a "desarrollar los procedimientos para la dotación con personal del Banco de España de los Equipos Conjuntos de Supervisión y los equipos de inspección in situ de las entidades de crédito significativas" además de "establecer planes de formación que faciliten su composición". En definitiva, dotar de más personal a sus equipos de inspección, detallando los perfiles profesionales y a través de planes de formación  que faciliten la creación y composición de los equipos supervisores. 

Además, los fiscalizadores entienden que tampoco se controlan los nombramientos de altos cargos bancarios y considera que el organismo dirigido por Luis María Linde "debe insitir en sus comunicaciones con las entidades y mejorar sus procedimientos internos sobre la evaluación de la ideoneidad de sus altos cargos; así como en mejorar la calidad y uniformidad de los informes que realizan valorando esa idoneidad, para poder llegar a un contenido mínimo y más homogéneo de los mismos".

Los fiscalizadores también animan  a continuar con las herramientas informáticas que utiliza tanto para evaluar a sus altos cargos como para supervisar la conducta de las entidades.

Se trata del segundo informe del Tribunal de Cuentas sobre la banca -después de calcular el coste de restructuración de las cajas quebradas que ascendió a 60.718 millones de euros-.