El Constitucional rechaza actualizar las indemnizaciones de las víctimas de los GAL

Madrid

El Tribunal Constitucional ha dado carpetazo a las pretensiones de las familias de cinco víctimas de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) de actualizar y aumentar sus indemnizaciones. Los jueces han inadmitido los recursos interpuestos por las familias de Mikel Goicoechea Elorriaga, Rafael Goicoechea Errazquin, Josu Muguruza Guarrochena, José Ignacio Zabala Sagastume y José Antonio Lasa Arostegui.

Los autos del Constitucional explican que las familias ya fueron indemnizadas en base a la Ley de 1999 de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo, y que posteriormente pidieron una actualización de la cantidad tras la entrada en vigor de la Ley de 2011 de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo.

Después de explicar que varios de ellos recurrieron la negativa - primero del Ministerio del Interior y después de la Audiencia Nacional - fuera de plazo, los jueces avalan que las indemnizaciones les fuesen denegadas por haber formado parte de la banda terrorista ETA. El artículo 8 del convenio europeo sobre víctimas de delitos violentos, firmado en 1983, establece que no se podrá indemnizar a una víctima que a su vez formase parte de una banda terrorista. 

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El pleno avala esta decisión frente a los argumentos de las familias, que alegaban que los cinco fueron asesinados por los GAL antes de que existiese una sentencia contra ellos y que por tanto nunca existió un hecho probado sobre su pertenencia a ETA. Argumento que rechaza el pleno, afirmando que una sentencia no es la única manera de demostrar su pertenencia a la banda armada, poniendo encima de la mesa por ejemplo informes policiales. 

José Ignacio Zabala y José Antonio Lasa fueron las primeras víctimas de los GAL en 1983. Mikel Goicoechea fue asesinado también a finales de ese año, Rafael Goicoechea un año más tarde y Josu Muguruza, diputado electo de Herri Batasuna asesinado en 1989 en un crimen también reivindicado por la banda.  

Voto particular contrario

La decisión del Constitucional no ha sido unánime: los jueces Fernando Valdés y Adela Asúa han redactado votos particulares contrarios a todos los autos.

Entienden en primer lugar que el artículo del convenio europeo no era de aplicación inmediata al no contar con la transposición necesaria a nuestro ordenamiento jurídico. Explican también que se ha vulnerado la presunción de inocencia de los reclamantes ya que se les considera como miembros de la banda terrorista ETA cuando nunca llegaron a ser condenados, asesinados antes por los GAL.