El Tribunal de Cuentas no pudo "comprobar" la caja b de Luis Bárcenas
En sus informes anuales siempre expresó cautelas respecto a los donativos anónimos que declaraba el Partido Popular
El extesorero del PP Luis Bárcenas, tras declarar en la Audiencia Nacional el 22 de marzo de 2013. / Pablo Blazquez Dominguez (GETTY IMAGES)
Madrid
El Partido Popular se financió ilegalmente durante casi 20 años, entre 1990 y 2009, gracias a una caja b donde ingresaban aportaciones de constructores y contratistas de la administración pública, algo prohibido por la Ley de Financiación de Partidos Políticos. Cuando estalló el escándalo, los dirigentes del PP respondieron que todas sus cuentas estaban auditadas por el Tribunal de Cuentas sin reparos y sostuvieron durante mucho tiempo que los apuntes manuscritos de quien fue su gerente y tesorero eran falsos. Sin embargo, la investigación judicial acreditó muchos de esos apuntes y confirmó así que el PP se financió ilegalmente.
Distintos informes periciales sostuvieron que la letra de los denominados papeles de Bárcenas correspondía a la del extesorero del PP, y éste confirmó en una larga declaración ante el juez Pablo Ruz que esos ingresos se produjeron y que con el dinero se financiaron campañas electorales, pago de distintos servicios al partido y sobresueldos a la cúpula de la formación conservadora.
El Tribunal de Cuentas no pudo destapar estas prácticas ilegales porque la Ley de Financiación de Partidos Políticos permitió durante 20 años, entre 1987 y 2007 (año en que la norma fue reformada) las donaciones anónimas. Aunque esa norma prohibía las donaciones de contratistas públicos, al ser anónimas era imposible conocer el origen del dinero que ingresaban por esta vía los partidos políticos.
El Partido Popular utilizó durante 20 años una caja b para distintos pagos, pero los tesoreros Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, tuvieron la cautela de ingresar parte del dinero que llegaba a esa contabilidad paralela en la cuenta de donativos anónimos. Y para evitar incumplir otra de las condiciones de esa Ley —que prohibía donaciones anónimas de más de 60.000 euros al año de una misma persona— troceaban aportaciones que superasen esa cantidad para no levantar sospechas. Esa práctica quedó acreditada durante la investigación judicial en los apuntes de la contabilidad oficial del PP, de manera que el mismo día que Bárcenas apuntaba en sus cuadernos una aportación privada de, por ejemplo, 100.000 euros, se hacían dos ingresos en la cuenta de donativos anónimos por 50.000 euros.
En sus informes anuales, el Tribunal de Cuentas tan sólo dejó registrada una sospecha, pero sin reparo alguno. Por ejemplo, en el informe de fiscalización correspondiente al año 2007, último ejercicio en el que se permitieron donativos anónimos, los auditores públicos escribieron en relación a las cuentas del PP: "En cuanto a los donativos anónimos, 2.373.020 euros se recibieron durante el periodo de vigencia de la Ley Orgánica 3/1987, recurso previsto en la citada disposición. No obstante, dada la naturaleza, no se ha podido comprobar el cumplimiento a nivel individual del límite legal establecido para las aportaciones privadas".
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La prohibición legal de los donativos anónimos, vigente desde mediados de 2007, tuvo un efecto inmediato sobre las cuentas del Partido Popular. Si en 2007 registró unos donativos anónimos de cinco millones de euros, sólo seis años después, en 2013, la cantidad quedó reducida a 400.000 euros, un 90% menos.
