El derecho a morir como uno quiere
El Congreso da luz verde a la tramitación de la ley de Ciudadanos para garantizar el derecho a una muerte digna
Madrid
“La muerte es la única certeza que tenemos los seres humanos en esta vida”. Con estas palabras empieza el texto de la proposición de ley que ha tomado en consideración el Congreso de los Diputados. El pleno ha aprobado tramitar la propuesta de Ciudadanos para garantizar el derecho a una muerte digna y fijar los deberes que deben asumir los profesionales sanitarios que atienden a los pacientes que están ante el proceso final de su vida. La iniciativa ha contado con apoyo del PP, PSOE, Unidos Podemos, Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Compromís; la abstención de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC); y el voto en contra del PNV y del Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT).
El objetivo final, según explica el diputado de Ciudadanos Francisco Igea, que también es médico, es que se respeten y tengan en cuenta los deseos, creencias o valores del enfermo que se enfrenta al final de su vida. Eso implica permitir que el paciente o la familia rechacen un tratamiento o puedan interrumpirlo.
Evitar sufrimientos innecesarios
Esta proposición ha dejado fuera el tema de la eutanasia, siempre polémico. La semana pasada el mismo Congreso, que hoy dado luz verde a esta propuesta, para regular la muerte digna, rechazó de forma mayoritaria una iniciativa de Podemos para regular la eutanasia.
Sí recoge de forma expresa esta proposición el derecho a la sedación terminal aunque esto implique acortar la vida del paciente. Es fundamental que así sea, comenta el portavoz de Ciudadanos, el objetivo, en el final de la vida, es conseguir que la gente no tenga sufrimientos innecesarios. Por lo tanto, la sedación forma parte esencial de los derechos que recoge esta ley.
Otros derechos que aparecen en la proposición de ley son el de morir en la intimidad, lo que implica que la sanidad pública disponga de habitaciones individuales para los enfermos terminales. Los cuidados paliativos integrales y la posibilidad de recibirlos en el domicilio. El derecho ser informado de forma veraz y rápida para poder tomar decisiones como la de realizar testamento vital. Se respetará también el deseo del enfermo si este no quiere ser informado.
Es importante destacar que, para evitar que estos derechos queden en papel mojado, un apartado de la proposición de ley está destinado a establecer infracciones y sanciones si no se respetan los derechos de los ciudadanos. Es la forma de garantizar que la ley se cumple y no queda al arbitrio de lo que un médico, un centro hospitalario o una institución considere. Impedir que un ciudadano pueda hacer uso de estos derechos será considerada como una infracción muy grave por lo que, la Administración sanitaria competente podrá revocar la autorización concedida para la actividad en ese establecimiento sanitario.
Actualmente la muerte digna está regulada en nueve CCAA. Madrid ha sido la última en sumarse a este grupo con una ley que fue aprobada este mes de marzo. La pionera fue Andalucía en 2010, y, por este orden, siguieron Aragón, Navarra, Galicia, Canarias, Baleares, País Vasco, Asturias y Madrid. La legislación a nivel estatal garantizará, según Ciudadanos, unos derechos básicos de muerte digna para todos los españoles.
