El PSOE ve "inviable" el Plan de Convivencia Escolar elaborado por Educación
Aseguran que ponerlo en marcha costaría 60 millones de euros y el Gobierno sólo está dispuesto a aportar 4 millones
También afirman que invade competencias. El proyecto, que Educación y comunidades autónomas van a debatir esa tarde, plantea que haya un responsable en cada centro encargado de evitar casos de acoso.
Madrid
El Gobierno y las comunidades autónomas van a debatir esta tarde en la Conferencia Sectorial de Educación el borrador del Plan Estatal de Convivencia Escolar que el ministro Méndez de Vigo anunció hace más de un año, en enero de 2016, cuando ya estaba en funciones. El proyecto de 148 páginas incluye 73 iniciativas y según Educación se ha elaborado con aportaciones de 14 de las 17 CCAA. Cataluña, País Vasco y Navarra no han realizado ninguna.
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Entre las medidas más destacadas que plantea el plan está el que haya un responsable en cada centro encargado de velar por la convivencia y evitar casos de acoso. Ese responsable tendrá "descarga horaria" para realizar sus funciones. Estará apoyado por una comisión mixta formada por profesores, otros responsables del centro, alumnos y familias y tendrá entre otras responsabilidades garantizar el cumplimiento del protocolo de detección e intervención en casos de violencia y acoso. El borrador del plan, el primero de este tipo que se ha elaborado a nivel estatal, también propone la realización de estudios específicos sobre convivencia y la reactivación del Observatorio Estatal para la Convivencia que no se reúne desde 2011.
La creación del mediador contra el acoso escolar
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El proyecto señala que harán falta como mínimo 4 millones de euros para su puesta en marcha y prevé la implementación de las distintas medidas en un plazo de 5 años. De momento, está en marcha es el teléfono de atención contra el acoso, el 900 018 018, que desde el pasado uno de noviembre ha derivado a las autoridades más de 5.000 posibles casos de acoso.
Los consejeros de las ocho comunidades Gobernadas por el PSOE - Cantabria, Asturias, Aragón, Castilla-La Mancha, Baleares, Extremadura, Andalucía y Comunidad Valenciana - han criticado el proyecto. La consejera de Aragón, Mayte Pérez, que ha ejercido de portavoz, ha denominado el plan ministerial como "una propuesta de marketing" y considera que es“inviable” ya que aplicarlo costará 60 millones de euros y Educación solo aporta cuatro. También ha dicho que el proyecto del Ministerio supone “duplicar” los planes que ya tienen las CCAA y una “invasión de competencias” y ha negado que se haya contado con ellas para realizarlo. Pérez también ha avanzado que en la sectorial de esta tarde pedirán al ministro un compromiso para aumentar el gasto en educación frente a las previsiones remitidas por el Gobierno a Bruselas que prevén un nuevo recorte (hasta el 3,7% del PIB respecto al 4% actual). Pérez ha pedido reimplantar ciertos programas de cooperación territorial, como el de apoyo a alumnos con necesidades educativas especiales o escolarización temprana de 0 a 3 años, además de las ayudas y becas para libros de texto.