La Fiscalía resalta la gravedad del encuentro del hermano de Ignacio González con el 'número 2' de Interior

Madrid

El escrito de los fiscales valora la gravedad de la comunicación con el secretario de Estado de Seguridad "por lo que ello pudiera implicar" y recuerda que en una de las conversaciones intervenidas durante la investigación, el 6 de marzo de este año, los tres hermanos González -Ignacio, Pablo, también encarcelado bajo fianza de cuatro millones de euros, e Isabel, esposa del también imputado José Juan Caballero- se "evidenció el interés de todos ellos por conocer quién estaba al frente" de la Policía Nacional. Dos días después, Pablo mantuvo una reunión en el despacho oficial del número dos de Interior. El propio Nieto compareció en el Congreso para justificar que en ningún caso hablaron de la operación Lezo, porque ni siquiera “la conocía”.

La Fiscalía Anticorrupción denuncia, además, que González ha utilizado sus relaciones personales en distintos sectores para tratar de entorpecer o dilapidar el procedimiento. Así ha recurrido a alguna persona del Ministerio de Justicia, Ministerio Fiscal o Judicatura, para conocer el estado de sus casos y lograr la impunidad de sus acciones”.

El escrito de los fiscales del caso Lezo, Carmen García Cerda y Carlos Yáñez, presentado ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, se opone a la salida de prisión y califica por primera vez dos evidencias desveladas por el juez Eloy Velasco. En primer lugar, reconoce el peligro de que sea puesto en libertad porque tiene “una cantidad ingente de fondos públicos (dinero) no controlados que permanecen ocultos en entramados societarios de paraísos fiscales incluido Reino Unido “que generan “una capacidad real para huir de la Justicia”.

Relaciones con la judicatura y Fiscalía

En segundo término, la fiscalía, alerta del peligro de ocultación y manipulación que puede generar su puesta en libertad ya que ha sido una constante en la investigación que Ignacio González se ha valido de sus relaciones personales para “recurrir a alguna persona del Ministerio de Justicia, Ministerio Fiscal o Judicatura, para conocer el estado de sus casos y lograr la impunidad de sus acciones”.

Además, la Fiscalía denuncia que estas maniobras de manipulación han llegado también hasta el Cuerpo Nacional de Policía, como el propio González ha reconocido en su declaración, “al haberse puesto en contacto con algún alto cargo de la policía nacional para saber cómo estaban algunas cosas y si había informes que le afectaran”.

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La Fiscalía insiste en que las conversaciones telefónicas y ambientales interceptadas a Ignacio González desvelan que sabían que se les estaba investigando y recuerdan la reunión de los tres hermanos en el despacho de Gonzalez (Pablo, Ignacio e Isabel) en marzo de este año, que evidencia su interés por conocer quién estaba al frente del Cuerpo Nacional de Policía. Dos días después de esa cita de los hermanos, Pablo González se reunión con el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto. La fiscalía comparte con el juez, Eloy Velasco, la gravedad de esta comunicación.

Repugna a la sociedad

Respecto al arraigo social que la defensa esgrimió como motivo para salir de prisión, la fiscalía responde tajante que Ignacio González ya no tiene tal arraigo porque “está en una situación de aislamiento social y económico” porque “hechos como los investigados repugnan a la sociedad, afectan a la esencia del estado social y democrático de derecho y minan la credibilidad de los ciudadanos en las instituciones”.

Edmundo

La Fiscalía se opone también a la salida de la cárcel de Edmundo Rodríguez Sobrino, ex responsable de la empresa pública Inassa, filial de Canal de Isabel II en Sudamérica, por el riesgo de fuga derivado del “ingente dinero publico desviado que permanece oculto” ya que utilizo la empresa pública como una “sociedad privada” para “blanquear el dinero ilícito obtenido utilizando paraísos fiscales”.