Yo también soy adúltera

Madrid

María Ángeles Muñoz, una empleada de hogar de 30 años, fue una de las últimas mujeres acusada de adulterio en España. Ella misma contó al programa Informe Semanal (TVE) en el año 1976 como su marido la abandonó con su hija de dos meses para años después intentar meterla en la cárcel y quitarle a la niña: "Él se marchó y después, al poco tiempo, volvió por la ropa y se fué definitivamente. Entonces ya no sabía donde paraba", explicó al programa con su hija, que entonces tenía 6 años, en brazos.  "Pienso que la ley a quien me tiene que juzgar es a mí no a mi hija. Aunque sé que estoy desobedenciendo las leyes, es algo tan mío, la he tenido seis años...no me hago a la idea de podérmela sacar", aseguraba poco antes de que un juez le quitara la custodia de su hija para dársela a su marido.

Su caso se convirtió en un símbolo y sacó a la calle a miles de mujeres en una España en plena transición al grito de "Yo también soy adúltera". Fue el principio del fin de un delito por el que al menos 4 personas fueron condenadas ese año a multas de hasta 100.000 pesetas y 7 meses de cárcel.

Más de un año después, cuando el proyecto de Ley para despenalizar el adulterio y el amancebamiento llego al Congreso el 1 de febrero de 1978, había consenso en que era necesario derogarlo y así lo dejaba , más o menos claro, el dictamen que salió de la Comisión de Justicia y que se leyó al inicio de la sesión:  "Se suprime la rúbrica del capítulo sexto del título noveno del código penal y se derogan los artículos 449 a 452 que integran el referido capítulo", decía el texto. Entre 6 meses y 6 años de cárcel era la pena para los delitos de adulterio y amancebamiento que fijaban esos artículos.

El debate aquel día se centró en una enmienda del PSOE que quería que además de dejar ser delito el adulterio dejará de ser también causa de indignidad. Se encargó de defenderla el diputado Virgilio Zapatero: "Los socialistas entendemos que el adulterio es una cuestión privada y, como tal cuestión privada, no puede atribuírsele una sanción que, a lo mejor, no es la querida por las partes. En este sentido, calificar hoy el adulterio, como causa de indignidad, nos parece una intromisión excesiva del Estado en una de las esferas más íntimas de la personalidad humana". Virgilio Zapatero explicó que los socialistas estaban dispuestos a que el adulterio siguiera siendo motivo para desheredar pero por la indignidad no pasaban.

El debate es un buen reflejo de un país que trataba de superar una etapa en el túnel del tiempo: " Ocurre a veces que el Derecho avanza mucho más despacio que la vida, que va evolucionando y alumbrando nuevas relaciones sociales", argumentaba Zapatero en la tribuna. "Muchas veces es el Derecho el que no se adecua a la realidad social y a la vida. Cuando esto ocurre, las normas jurídicas pueden caer en desuso y entonces terminan parando en el museo de la Historia, para decirlo con palabras de un clásico, junto a la rueca y al arado", advertía.

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La enmienda sobre la indignidad del PSOE se rechazó pero el proyecto de Ley para derogar el adulterio salió adelante con los votos de UCD, la minoría catalana, el Partido Comunista y Alianza Popular que justificó su voto a favor en nombre de la igualdad.  "Alianza Popular apoya esa derogación porque, en primer lugar, su permanencia en el cuerpo legal supone conservar una clara discriminación entre el hombre y la mujer, pues mientras, según el texto, ésta delinque con sólo yacer ilícitamente, el primero para delinquir precisa tener manceba dentro del domicilio o notoriamente fuera de el. Nosotros mantenemos que el hombre y la mujer son seres fundamentalmente iguales y sólo accidentalmente distintos. Por ello, en lo esencial no pueden tener distinto tratamiento, pues no queremos una legislación machista y queremos una legislación humana y sin discriminaciones", explicó aquel día Pedro de Mendizabal, que habló en nombre del partido de Manuel Fraga.

Idéntico argumento, el de la igualdad,  usó el Partido Comunista aunque para ellos aquella reforma era sólo de un primer paso. "Nos parece que éste es un paso pequeño todavía, pero fundamental, un camino que la legislación que salga de este Congreso tiene que recorrer todavía, y es la legislación que tienda a hacer desaparecer las discriminaciones jurídicas que todavía hoy discriminan a la mujer", defendió Jordi Solé Tura. "También nos parece que es un primer paso importante en la regulación de una nueva legislación que tienda a configurar la familia, sin esas connotaciones de doble moral a que me refería, como el hecho de aceptación plenamente voluntaria, tanto en las relaciones de los cónyuges como en la libre procreación de los hijos", concluyó.

La ley fue definitivamente derogada en mayo de 1978 aunque su tramitación fue toda una carrera de obstáculos. Obligó incluso a crear por primera vez una Comisión Mixta Congreso - Senado porque la Cámara Alta sí que aprobó, como pretendían los socialistas, que se eliminará el precepto de indignidad y hubo que armonizar las dos votaciones.