Hacienda corrobora los indicios contra los cabecillas de la operación Lezo

Madrid

El Ministerio de Hacienda, a través de la agencia tributaria y la IGAE, se acaba de sumar a la tesis que han defendido desde el verano de 2015 la UCO, la fiscalía anticorrupción y el juez Eloy Velasco. Dos informes corroboran indicios de delito en la adjudicación y explotación de las instalaciones de Canal Golf en Madrid y en la compra de Emissao. Dos de las siete líneas de investigación abiertas en la Audiencia Nacional contra una presunta organización criminal que dirigían Ignacio González y el exconsejero de La Razón, Edmundo Rodríguez.

La agencia tributaria apunta al presunto cobro de comisiones por parte de la familia González en la construcción y gestión de las instalaciones del canal golf en el centro de Madrid. El fisco sostiene que los más de 3,8 millones de euros que la empresa Tecnoconcret recibió de Dragados y Green Canal no tienen fundamento en una actividad empresarial real y que podría tratarse del pago de comisiones.

La investigación considera que cuando Pablo González, hermano del presunto cabecilla de la operación Lezo, y su cuñado, José Juan Caballero, entraron en el accionariado de la sociedad investigada se produjo una mera desvinculación formal del consorcio que explotaba Canal Golf. Pudo tratarse, según la Guardia Civil, de un "ardid" para obtener un beneficio económico del contrato. En conclusión, dicen los informes a los que ha tenido acceso la Cadena SER, una sociedad del entorno de Ignacio González habría obtenido importantes beneficios directa o indirectamente de dos contratos adjudicados por el Canal de Isabel II.

Negocios con Venezuela

La Audiencia Nacional mantiene abierta en este apartado una investigación internacional sobre las actividades de Tecnoconcret al haber detectado exportaciones a Venezuela por importe de 3,6 millones de euros y la entrada de fondos entre los años 2005 y 2015 por valor de 1,5 millones de euros: 300.000 euros desde Venezuela, 800.000 euros desde Estados Unidos y 400.000 euros procedentes de Austria.

El informe de la IGAE

No solo ha sido la agencia tributaria quien ha puesto la operación Lezo bajo la lupa, también lo ha hecho la Intervención General del Estado que ya ha remitido a la Audiencia Nacional un primer informe sobre la compra de Emissao. El documento es demoledor y detalla una a una decenas de irregularidades en una operación en la que tuvo un papel central Edmundo Rodríguez. Señala que la compra se hizo sin las preceptivas autorizaciones legales. No consta autorización del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ni se comunicó a la Asamblea de Madrid con lo que "se desconocen los motivos jurídicos y económicos" que sustentan la operación.

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Además, se desconocen los informes que sirvieron de base para fijar el precio de compra en 31 millones de dólares y los peritos subrayan que con el dictamen en contra de KPMG, el Canal debió "paralizar la inversión y profundizar en el análisis". Por último, dice la IGAE, los pagos por esta operación estaban sujetos a distintas condiciones que no se cumplieron y que no impidieron el desembolso de dinero público. Entre ellas, una fianza del vendedor para hacer frente a "cualquier contingencia oculta".