El juez investiga si Ignacio González pagaba en negro a las empleadas de hogar

Madrid

La reunión grabada por orden judicial entre Edmundo Rodríguez, hombre de confianza de Ignacio González en Latinoamérica, y la exdirectiva del Canal de Isabel II, María Fernanda Richmond, fue un filón para los investigadores de la operación Lezo. Ambos muestran su preocupación por el tren de vida del expresidente de la Comunidad de Madrid con dos empleadas de hogar y un sueldo de 4.500 euros del periódico La Razón. Añaden que Lourdes Cavero no tiene trabajo, aunque apuntan a que ambos siguen adelante porque tienen "dinerillo B por ahí".

A partir de esta información los agentes solicitan al juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, la apertura de cuatro líneas de investigación para tratar de encontrar operaciones de González para aflorar dinero negro. La primera, conocer el sueldo que le pagaba La Razón por su trabajo de columnista que en 2016 fue de casi 12.000 euros. La segunda, averiguar si la consultora para la que trabaja Lourdes Cavero tiene algún tipo de actividad real. La tercera, reclamar a la agencia tributaria y a la tesorería de la seguridad social los datos y declaraciones de las empleadas de hogar del matrimonio. La agencia tributaria responde que no constan en su base de datos en los últimos cuatro ejercicios por lo que sospechan que no estarían dadas de alta. La cuarta línea de investigación pasa por pedir copia de la escritura pública de la compraventa del chalé familiar para analizar el origen de los distintos pagos originados por la compra del inmueble que costó un millón de euros y por el que consta la entrega de una señal de 184.000 euros en el año 2004.

Cuentas en Bélgica

El patrimonio de Ignacio González y Lourdes Cavero se completa con dos cuentas de Cavero en Bélgica que según la investigación obtuvieron unos rendimientos de 52.000 euros en 2012. Tanto los fondos de las cuentas como los rendimientos no han sido declarados en España. Dice la UCO que las cuentas se han mantenido "de manera velada" abiertas sin comunicarlo a la Hacienda española. Unos fondos, concluye, "de origen desconocido" aunque podrían guardar relación con el presunto desvío de fondos o sobornos que se investigan y que, en cualquier caso, evidencian "un presunto ánimo de ocultación".