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Sánchez confirma que el PSOE se abstendrá en la votación del CETA

  • El nuevo secretario general del PSOE confirma a Pierre Moscovici la abstención del su partido en la votación del tratado
  • Pese a la abstención de los soclalistas, el CETA saldrá adelante en la votación en el Congreso de los Diputados

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, durante el encuentro de trabajo con el comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici / ()

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se ha reunido con el comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, al que ha comunicado que su grupo se abstendrá la próxima semana en la votación del Tratado de Libre Comercio entre la UE y Canadá (CETA).

"En 1.600 páginas del Tratado sólo hay 4 sobre nuestros derechos medioambientales. Tenemos diferencias en el modo de resolución de las disputas, en el desequilibrio en la protección de los derechos laborales frente a los inversores y en la ausencia de penalizaciones en la violación al Tratado", ha dicho Sánchez a Moscovici, según un comunicado del PSOE.

El líder socialista ha transmitido al comisario europeo que realizará una "oposición de Estado" al Gobierno, al que, sin embargo, apoyará frente al desafío independentista de Cataluña. "El Gobierno del PP es muy impopular debido a su bajo umbral ético y social, su insensibilidad con los más débiles y los reiterados escándalos de corrupción que avergüenzan a la mayoría de todos los españoles. Pero estamos en contra del derecho de secesión y no vamos a permitir que el independentismo trate de aprovecharlo debilitando al Estado", ha dicho Sánchez.

Asimismo, ha asegurado que está de acuerdo en "la reducción progresiva del déficit, pero no en cómo se está planteando, al igual que en 2012, desde el lado del gasto público" y que ve "con preocupación los nuevos recortes en la sombra que prepara el PP".

En ese sentido, ha señalado que "el programa de estabilidad, en términos de PIB, pretende dejar España como el país con más bajo gasto social en Europa, reduciéndolo en tres puntos hasta 2020". También ha dicho que se puede cumplir el déficit si se incrementa el gasto social y ha agregado que hay "mucho gasto superfluo en la Administración".

Moscovici insta a Sánchez a reflexionar

Por su parte, el comisario europeo de Economía y Finanzas ha traslado al líder del PSOE que el CETA es un acuerdo "positivo" con un país que comparte muchos valores con la Unión Europea. En declaraciones a los medios, Moscovici ha destacado que ha tenido un encuentro amigable con Sánchez, al que ha visto como "líder de la oposición" con una voluntad responsable y convencido del proyecto europeísta. "Es un acuerdo positivo", ha subrayado el comisario.

En declaraciones esta mañana a la Cadena SER, Moscovici ya había avanzado que le pediría a Sánchez que reflexionara sobre la postura del PSOE en este tema.

Las razones de Narbona

Cristina Narbona, presidenta del PSOE, ha defendido en Hora 25 la posición de su partido absteniéndose en la votación sobre el CETA. Narbona ha alegado que están a favor de los acuerdos internacionales pero no están de acuerdo en cómo está redactado este tratado. La presidenta de los socialistas considera que el acuerdo entre la UE y Canadá protege demasiado los intereses de las grandes multinacionales. “No somos proteccionistas como Trump, pero queremos que los acuerdos estén basados en reglas que garanticen los derechos de las personas”, ha explicado.

Narbona ha defendido que la posición del partido sobre la globalización se fijó en el Congreso federal con un documento aprobado por unanimidad. “En ese documento se dice por qué tipo de globalización apostamos”, ha señalado la exministra, que ha defendido que deben existir este tipo de acuerdos internacionales pero que el CETA tiene un capítulo de protección jurídica de los inversores que, según Narbona, tiene un peso “desproporcionado”. “Sería deseable que no se volvieran a plantear tratados internacionales de esta naturaleza”, ha explicado, ya que considera que el CETA penaliza a los estados miembros que adopten decisiones que perjudiquen a los inversores. “Queremos que quede claro que no hay solo dos opciones y ahí queremos situarnos, en el equilibrio entre la protección jurídica de los inversiones y el interés general de los derechos sociales, laborales y medioambientales que no gozan de garantías tal y como han quedado redactadas”.

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