Álvaro Lapuerta, en 1995: "Hay que admitir las donaciones, pero siempre sabiendo quién es el donante"

Madrid

Álvaro Lapuerta, tesorero nacional del PP entre 1993-2009, periodo durante el que la formación conservadora ingresó en donaciones ilegales cerca de ocho millones de euros, explicó en el Congreso de los Diputados cuales eran sus ideas sobre la financiación de partidos políticos durante una intervención como responsable de finanzas en la comisión permanente creada para analizar este asunto .

Los diputados llevaban meses enfrascados en la investigación de dos casos de supuesta financiación ilegal: Filesa y Naseiro. Al final de los trabajos de aquella comisión permanente, los responsables de finanzas de todos los partidos expusieron sus ideas sobre distintos sistemas de financiación. Cuando Álvaro Lapuerta tomó la palabra, aquel mes de febrero de 1995, su partido tocaba con los dedos el poder –Aznar ganaría las elecciones del año siguiente y formaría Gobierno-. Para entonces, el PP se financiaba en parte con un sistema opaco de caja b que se alimentaba de donaciones anónimas e ilegales.

Pero Álvaro Lapuerta olvidó aquella circunstancia y expuso así sus ideas sobre el mejor sistema de financiación de partidos políticos:

Financiación pública versus financiación privada

“La financiación pública no debe suprimir la financiación privada, que tiene que ser un complemento que naturalmente tiene que ir creciendo con el tiempo hasta convertirse en una parte importante de la financiación.

Precisamente esta financiación privada es la que está menos estudiada y menos desarrollada en las leyes de financiación de los partidos políticos. Indudablemente cabe la cuota de los afiliados (en nuestro partido supone ya una partida importante), pero se está consumiendo provincialmente, por lo que a la financiación nacional no llegan estas cantidades, se gastan en las distintas provincias”.

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El control de las donaciones

“Luego viene el capítulo de las donaciones. Como todos ustedes saben, existen dos formas de controlar estas donaciones. El momento electoral tiene un tope máximo de un millón de pesetas y es necesario la identificación del donante. En época no electoral, cuando va destinada al mantenimiento del partido político, las donaciones teóricamente tienen un límite objetivo, los diez millones por persona, pero como caben las donaciones anónimas, aunque exista una cuenta para donaciones, una persona puede hacer un donativo superior a los diez millones con tal de que divida sus aportaciones en varias entregas”.

Lapuerta denunciaba esta trampa en el Congreso justo cuando, según la investigación del caso Bárcenas, el PP troceaba donativos ilegales para ingresarlos en la cuenta abierta para donativos anónimos.

Falta de transparencia

“Me parece que este sistema falta claramente a un principio de transparencia. Soy partidario de que se admitan las donaciones, pero siempre sabiendo quién es el donante; es decir, con identificación de la persona física e incluso de la persona jurídica que realiza la donación. Este tema de que las personas jurídicas puedan efectuar donaciones a los partidos políticos ha sido uno de los temas más debatidos en la experiencia internacional. Ultimamente se ha tratado en Francia, en Alemania, en Inglaterra, y han terminado dejándolo prácticamente como estaba, porque hay que decir que estas cosas son muy difíciles de tocar”.

Límites a las donaciones

“Indudablemente no existe, a mi juicio, ningún inconveniente, con tal de que se ponga un límite objetivo y subjetivo a esta donación. El límite objetivo sería decir una cuantía. Por ejemplo --no pretendo dar una solución--, en España una cuantía aceptable sería cinco millones de pesetas, o el límite actual. El límite subjetivo tendría un doble sentido. Como para fomentar esa donación tendríamos que darle un tratamiento fiscal adecuado en las personas físicas, en el Impuesto sobre la Renta tendría que tener un tratamiento semejante a las donaciones que se efectúan a fundaciones: sería un tanto por ciento que se deduciría en la cuota. Pero también tiene que tener otra limitación subjetiva, y es que no pueda deducirse más que una parte en proporción a lo que se ha declarado en la renta. Esa sería mi limitación subjetiva. También sería subjetiva respecto a las personas jurídicas, y habría de suprimirse la posibilidad de donaciones de aquellas empresas que contrataran con la Administración pública. A éstas les estaría vedado el que dieran cualquier tipo de donación. El objetivo es fijar un límite igual (por mí no habría ningún inconveniente en que fuese el mismo) a la persona física y a la persona jurídica. El registro, el mismo que actualmente existe en época electoral, es decir, tendría que hacerse a través de una cuenta especial, sólo de donaciones, aunque luego pasase a un solo banco y se hiciese sencillamente con la identificación del NIF de la empresa o del sujeto que lo hiciera”.

La primera Ley de Financiación de Partidos Políticos de la reciente etapa democrática se aprobó en 1987 y estuvo vigente 20 años, hasta 2007. Esa Ley admitía las donaciones anónimas condicionadas a que no superarán los 60.000 euros y prohibía la donación de empresas contratistas de la administración pública. Ese anonimato de las donaciones permitió que el PP, según la investigación abierta por la Audiencia Nacional a raíz de la publicación de los denominados papeles de Bárcenas, blanqueara todas las aportaciones ilegales de fondos que recibió en aquel tiempo.

En 2007 se reformó la Ley para prohibir las donaciones anónimas las de empresas privadas. Aunque subió el límite máximo permitido por donación hasta los 100.00 euros, que tenían que proceder de personas físicas e identificables.

En 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy reformó de nuevo la Ley para prohibir a los bancos condonar deudas a los partidos políticos y para obligar al Tribunal de Cuentas a fiscalizar las finanzas de los partidos políticos en un periodo inferior a seis meses.

Álvaro Lapuerta está imputado en el caso Bárcenas. El fiscal pide para el ex tesorero del PP cinco años de cárcel por delitos fiscales, de apropiación indebida y falsedad documental. Lapuerta no podrá ser juzgado en el caso Bárcenas por sufrir demencia. En el juicio del caso Gúrtel, donde también está imputado, el tribunal archivó la causa contra el extesorero por sus problemas de salud.