El Tribunal de Cuentas avanza en la apertura del juicio contable contra Mas por el 9-N
Así se ha resuelto en sendos autos con los que la Sección de Enjuiciamiento ha desestimado el recurso de la Generalitat en contra de dicho proceso sobre una posible infracción a Mas y a los exconsellers Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega.
El Tribunal pide designar a un delegado instructor para iniciar el procedimiento.
En sendos autos, emitidos hoy 19 de julio, por un lado la Sección de Enjuiciamento del Tribunal desestima el recurso de la Generalitat que pedía el archivo de la causa por malversación contable contra Artur Mas y su equipo de la Generalitat, los exconsellers Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega. En otro escrito, pide la designación de un delegado instructor para resolver si deben pagar los más de 5 millones de euros que costó al erario público la consulta del 9-N en 2014.
El Tribunal de Cuentas abre así el procedimiento que podría llevar a Artur Mas y sus exconsellers a pagar los más de cinco millones de euros que supuso para las arcas públicas la consulta independentista del 9-N en 2014.
Según los escritos, ambos firmados por la consejera Margarita Mariscal, se ordena la designación de un delegado instructor para determinar si los pagos denunciados por las asociaciones 'Sociedad Civil Catalana', 'Asociación Cívica' y 'Cultural y Abogados catalanes' tienen que ser reembolsados, en qué partidas se produjeron las anomalías y en qué cantidades. Además, el tribunal deberá determinar qué gastos son imputables a cada uno de los consejeros para ser abonados. por cada uno.
En el listado de los pagos están la web institucional, la adquisición de los portátiles utilizados en las mesas de votación, la campaña de publicidad institucional, el apoyo informático a la consulta, entre otros.
El tribunal rechaza así el recurso de la Generalitat que pedía el archivo de las actuaciones y pide dar traslado a la Sección de Enjuiciamiento y a la comisión de gobierno del tribunal nombre al delegado para comenzar con las diligencias previas por presunta malversación contable en el proceso consultivo.
El pasado 31 de mayo el Ministerio Fiscal rechazó el recurso de la Generalitat solicitó también nombrar delegado instructor y el pasado junio lo hizo la Abogacía del Estado. En su escrito, manifestaba el "papel decisivo en la aportación de los medios materiales y de la infraestructura indispensable para hacer realidad lo que había sido objeto de suspensión expresa por el Tribunal Constitucional".
Según fuentes consultadas por la Cadena SER, el organismo fiscalizador tiene intención de que las diligencias estén terminadas de cara al juicio oral el próximo mes de octubre.
