El Tribunal de Cuentas responde a Puigdemont: La injerencia es "inadmisible"
El presidente de la sala de Enjuiciamiento, Felipe Ortiz, denuncia "la gravedad de las acusaciones" de Puigdemont y califica de inadmisible cualquier "mediatización"
Madrid
El presidente de la Sección de Enjuiciamiento, Felipe Ortiz, exige a Puigdemont que no presione al Tribunal y tacha las descalificaciones de "inadmisibles" en referencia al calificativo de "indecente" del presidente de la Generalitat por abrir diligencias por malversación contable por la consulta del 9.-N. En un comunicado, denuncia la gravedad de las descalificaciones dado que es "la máxima autoridad de un gobierno autonómico" y la más "alta representación del Estado en esa comunidad".
El consejero Felipe Ortíz critica en el escrito "la gravedad de las descalificaciones realizadas por la máxima autoridad de un gobierno autonómico que a su vez es la más alta representación del Estado en dicha comunidad" Se refiere al calificativo de "indencente" utilizado por Puigdemont para arremeter contra la decisión del tribunal de abrir diligencias previas por los gastos de la consulta del 9N contra Artur Mas y tres consellers de la Generalitat por posible malversación contable.
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Unas palabras, continúa, contra una institución que se limita a cumplir con el mandato constitucional y a aplicar la legislación vigente. Al tribunal le parece "inadmisible" que se produzca "cualquier mediatización" en el ejercicio de la aplicación de la función jurisdiccional.
El presidente de la sección recuerda que el procedimiento sigue su curso habitual como todos los asuntos que ingresan en el tribunal por daños a fondos públicos y será el delegado instructor quien a la vista de sus averiguaciones y la documentación exixtente "podrá declarar o no alguna providencia que pudiera incidir en los presuntos responsables".
Esta semana el tribunal emitía dos autos en los que rechazaba el recurso de la Generalitat que pedía el archivo y solicitaba nombrar un delegado instructor para iniciar las diligencias previas contra Mas y tres de sus consellers por los 5 millones de euros de gastos cargados al erario público el 9-N.