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El Tribunal de Cuentas cita a Artur Mas y a otros excargos para abonar la fianza de 5 millones de euros por el 9-N

  • El Tribunal de Cuentas ha citado para el próximo 25 de septiembre al expresidente de la Generalitat Artur Mas dentro de la investigación que tiene abierta para dilucidar responsabilidades por la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014 y, en su caso, reclamarle el dinero público que se gastó en aquella consulta, que podría superar los cinco millones de euros
  • Entre los citados están también los exconsellers Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs

El president catalán, Artur Mas, comparece ante los medios en el centro de datos tras el 9-N /

El órgano fiscalizador del Estado ha citado al expresident Artur Mas, y a los otros tres condenados por la consulta del 9-N, los exconsejeros Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau junto a otros siete cargos que también participaron en la autorización de los gastos en el referéndum ilegal: Lluis Bertrán i Saura, Josefina Valls i Villa, Carolina Pardo Miguel, Jaume Domingo i Planas, lgnasi Genovés i Avellana, Jordi.

El Tribunal de Cuentas les entregará en mano o a sus representantes legales la “liquidación provisional” para que paguen de su bolsillo los 5,1 millones de euros que costó la consulta. En este trámite, los condenados tendrán que afrontar de forma individual o colectiva el pago de la cantidad y si no cumplen en plazo que les fija la instructora de las actuaciones, María de los Llanos Castellanos, se procederá al embargo de sus bienes. Si alguno de ellos se declara insolvente, el resto deberá asumir su parte hasta completar la cifra señalada por el tribunal.

El pasado mes de julio, la sección II de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas nombró un instructor para determinar si los cuatro políticos ya condenados por el 9-N debían afrontar también la restitución de los 5,12 millones de euros por los gastos derivados de la consulta y aunque los condenados presentaron recurso, el tribunal mantuvo la existencia de responsabilidad contable en su actuación. El tribunal ha citado además para ese día al representante legal de la Generalitat, así como a los denunciantes, las asociaciones Sociedad Civil Catalana (SCC) y Abogados Catalanes por la Constitución.

Los pagos identificados son 14.837 euros para la construcción y publicación de una página web institucional; 70.532 euros para transporte y material para la votación; 2,8 millones para la adquisición de ordenadores portátiles; 828.735 euros para publicidad institucional; 1,4 millones para la póliza de seguros para los voluntarios; 1,1 millones para labores de apoyo informático; y 307.962 euros para el envío de información. En total 5,12 millones que deberían afrontar a partes iguales.

La reacción de la Generalitat

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha comparecido por después en rueda de prensa para acusar al Gobierno de dar un "salto cualitativo en su estrategia desesperada" por fomentar el "miedo" para intentar evitar el referéndum del 1-O, tras "saltarse el Estado de derecho" con la última decisión del Tribunal de Cuentas.

En una rueda de prensa conjunta con el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, Puigdemont ha ligado este "incremento de las amenazas y agresiones" del Estado al hecho de que esta semana esté previsto que se apruebe la ley del referéndum y el decreto de convocatoria del 1-O.

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