El Constitucional tumba la ley que regula el tránsito a la república catalana

Madrid

El alto tribunal ordena la notificación personal de la suspensión a los miembros del Govern y de la Mesa del Parlament y a los siete juristas que han sido designados titulares y suplentes de la llamada sindicatura electoral de Cataluña, encargada del desarrollo del referéndum y les advierte a todos ellos de su "deber de impedir cualquier iniciativa" que suponga burlar la suspensión de la ley de transitoriedad. Los jueces aperciben de que no pueden dictar ningún acuerdo que permita desarrollar las previsiones de los 89 artículos de la ley.

El Parlamento de Cataluña aprobó el pasado jueves por la noche la denominada ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república catalana' con la que JxSí y la CUP quieren garantizar la ruptura de Cataluña del resto de España si gana el 'sí' en el referéndum del 1 de octubre. El gobierno presentó recurso de inconstitucionalidad a esta nueva norma y el Constitucional ha acordado la suspensión cautelar

Otros normas suspendidas

El Tribunal Constitucional ha suspendido ya la ley de referéndum, la de los decretos de convocatoria y organización de la consulta de autodeterminación y otro acuerdo del Parlamento de Cataluña sobre el nombramiento de una Sindicatura Electoral. El tribunal estudia también el recurso del Gobierno central contra la ley del código tributario con la que la Generalitat pretende crear una Hacienda propia.

La mayor afrenta

El Gobierno califica la nueva ley de transitoriedad como “la mayor afrenta que amenaza a la destrucción de las normas de convivencia que la sociedad española se dio en el año 1978". La ley de transitoriedad se da de plazo un año para crear una Constitución y convocar las primeras elecciones de una república catalana.

En su articulado describe que el presidente de la Generalitat sea automáticamente jefe del Estado y que Cataluña asuma el control de las fronteras y aduanas, además de expulsar al Ejército hasta que la futura Asamblea Constituyente decida si se crea uno propio.

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La norma contempla la amnistía a condenados por el proceso soberanista y que la Generalitat sea la única autoridad tributaria en Cataluña. Además, el presidente del Supremo catalán sería nombrado por el Gobierno catalán y el fiscal general por el Parlament.

Según el recurso presentado por el Gobierno, la ley catalana configura un ordenamiento jurídico sin contar con la voluntad de las correspondientes instituciones, Estados u organizaciones internacionales, lo que "convierte todo el documento en una aberración jurídica de tal orden que sólo cabe calificar de arbitraria y arbitrista".