La Fiscalía quiere investigar la procedencia de la fianza de Artur Mas por el 9-N

Madrid

Este próximo viernes se cumple el plazo impuesto por el Tribunal de Cuentas a Artur Mas y la excúpula de la Generalitat para consignar el total de la fianza solidaria de 5,2 millones de euros por organizar la consulta independentista del 9-N en 2014. Fuentes del organismo aseguran que aceptarán la ampliación del plazo solicitado por Mas de 15 días para consignar el total de la fianza, como suele ser habitual en este tipo de casos y cantidades, a contar a partir del día que reciban la notificación con la respuesta del Tribunal.

Siguiendo el procedimiento en estos casos, una vez reúnan el total de la fianza en el plazo concedido, el tribunal tendrá que comprobar la licitud y validez de los fondos o bienes consignados. Si no llegan a esa cantidad, procederán al embargo de cuentas y bienes. Una vez concluya esta fase, fuentes del organismo consultadas por la cadena SER aseguran que el ministerio público tiene la intención de pedir que se investiguen los primeros 2,2 millones de euros en caso de que procedan de la denominada "caja de solitaridad" recaudada por las organizaciones independentistas Asociación Nacional Catalana y Òmnium Cultural. También podrían pedirlo la Abogacía del Estado o las acusaciones pero nunca de oficio.

La diligencia tendría sentido, aseguran estas fuentes, ya que ambas entidades (ANC y Òmnium) reciben fondos de la Generalitat y habría que comprobar si la fianza tiene como origen dinero público o únicamente donaciones de particulares para apoyar a los exaltos cargos, y si las organizaciones tributaron correctamente a Hacienda.

El escrito de prórroga para pagar la fianza lo presentó la defensa de Mas, aunque iba dirigido en nombre de todos los implicados en el procedimiento, entre ellos, los exconsejeros Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau y cinco exaltos cargos de la Generalitat.