La juez Lamela cita a Puigdemont y Junqueras por un delito de rebelión
Tras admitir la querella de la Fiscalía, la magistrada de la Audiencia Nacional, como el Supremo con la Mesa del Parlament, cita a declarar como imputados los próximos 2 y 3 de noviembre al depuesto presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, al exvicepresidente Oriol Junqueras, y a los otros 12 miembros del govern cesado el viernes pasado. Además del delito de rebelión, les atribuye los delitos de sedición y malversación, como reclamaba el Ministerio Público
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El expresident catalán, Carles Puigdemont, durante su comparecencia en Bruselas / YVES HERMAN Reuters
Madrid
La titular del juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, en funciones de guardia, se ha considerado competente para asumir la querella presentada este lunes por el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, contra el expresident de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y el resto de su gobierno cesado el pasado viernes.
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La juez Carmen Lamela, quien aclara que en este momento procesal aún es pronto para imputarles formalmente la comisión de un ilícito penal, sí que les cita el jueves a partir de las 9:00 horas y el viernes para que declaren por los delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos, tal y como reclamaba el Ministerio Público en su querella, al no poder excluir su existencia.
La juez Lamela considera que existen indicios que de que los querellados “urdieron una estrategia perfectamente organizada”, con el reparto de papeles entre las autoridades “gubernamentales, parlamentarias y las asociaciones independentistas Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural” para llevar a cabo el proceso independentista.
La juez ve “seria, racional y lógica” la querella de la Fiscalía que sostiene que el Govern, y “en particular el expresident y el vicepresident”, han “impulsado y conseguido la aprobación de leyes y resoluciones para dotar de cobertura normativa” al proceso de separación.
Añade que los querellados, “reforzados” por las organizaciones independentistas ANC y Òmnium, se han “valido de la población” en actos de “insurrección pública” como “cortes de carreteras” o “acosando” a la policía, que han “alcanzado el elemento de la violencia” que requiere el delito de rebelión.
Los querellados tendrán que depositar una fianza de más de 6 millones de euros en tres días o les serán embargados sus bienes.
