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Barcelona exige la libertad de los "presos políticos"

El Ayuntamiento, en un pleno extraordinario, aprueba una declaración donde se condena "la arbitrariedad y partidismo con que se están aplicando las leyes"

Un gran lazo amarillo ha ocupado el escaño en el que hasta el verano pasado se sentaba como concejal Joaquim Forn, ahora exconseller de Interior y encarcelado desde ayer / ()

El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha hecho una declaración en la que exige la libertad de los consejeros cesados, que están en prisión preventiva desde ayer, y también la de los responsables de la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural. El texto denuncia una "escalada represiva" contra Cataluña y condena "la arbitrariedad y uso partidista con que se están aplicando las leyes". De hecho, afirma que "se está pervirtiendo la separación de poderes" y pide a Europa que se implique. El texto ha sido firmado Barcelona en Común, el PDeCAT, ERC, la CUP y el concejal no adscrito, Gerard Ardanuy. Al margen han quedado Ciudadanos, el PSC y el PP. Los socialistas habían propuesto una declaración alternativa en la que también se hacía referencia a que la vía unilateral también ha conducido Cataluña a la situación actual.

Sobre la silla que había ocupado el consejero de Interior cesado, Joaquim Forn, cuando era concejal, ha habido durante todo el pleno un lazo amarillo y se le ha llamado en muchas de las intervenciones que se han hecho. La sesión terminó con una declaración de la alcaldesa, Ada Colau, en la que pidió a los concejales que "en estos momentos tan difíciles, tenemos la gran responsabilidad de predicar con el ejemplo cuando se habla de diálogo, de respeto y de construir grandes consensos".

Durante el debate de la declaración, el primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, ha hecho suyas las palabras del catedrático de Derecho Constitucional, Javier Pérez Royo, para decir que la decisión de la juez de la Audiencia Nacional y el escrito de la Fiscalía "son actos de venganza política" y añade que, si el auto se confirma, "tendremos muy pocas razones para seguir diciendo que España es un Estado de Derecho". También de revancha ha hablado el presidente del Grupo Demócrata, Xavier Trias. El exalcalde ha dicho que "son un acto de venganza de quienes ostentan los poderes del Estado contra los que hemos atrevido a hacer lo que siempre nos habían dicho que se podía hacer: defender una idea en ausencia de violencia".

Desde ERC, Alfred Bosch, ha calificado la decisión de la juez de la Audiencia Nacional "de injusta, desproporcionada y no ajustada a Derecho". Y en su intervención pidió a los concejales socialistas que actúen "contra estos abusos". Y en Barcelona en Común le ha reprochado que no haya aceptado que en el texto de la declaración se hiciera referencia al "mandato del 1 de Octubre". La concejala de la CUP, Maria Rovira, ha alertado de que la actuación "antidemocrática" del gobierno español va más allá de lo que ocurre ahora en Cataluña. Dice que "se ha empezado por los independentistas, pero que será reprimido cualquier movimiento que desestabilice". Y ha pedido a la alcaldesa Ada Colau que rompa el pacto con el PSC que ha apoyado la aplicación del 155. El concejal no adscrito, Gerard Ardanuy, ha asegurado que España es un Estado "indigno de estar en la Unión Europea" porque "incumple los Derechos Humanos". Y ha criticado que se intenten imponer unos textos, en referencia a la Constitución, a "unos ciudadanos que no queremos ser españoles".

Los que no han firmado la declaración han insistido en que saltarse las leyes tiene consecuencias y en el que el gobierno español no es el único responsable de la situación actual. La presidenta del grupo de Ciudadanos, Carina Mejías, ha asegurado que el gobierno de Puigdemont, ahora cesado, sabía a qué se enfrentaba si se saltaba las leyes. Dice que "cuando alguien desacata permanentemente la ley y los tribunales deben entender que ya no es una cuestión política, sino de la justicia". El presidente del grupo socialista y socio de gobierno de Colau, Jaume Collboni, ha hablado de "tragedia política" y ha pedido la puesta en libertad de los ex consejeros para evitar el agravamiento de la situación. Añadió Collboni que "más allá de las opciones binarias, de sí o no, está la solución". Para el presidente del PP, Alberto Fernández Díaz, los consejeros cesados no son "presos políticos, sino políticos presos en base a unas instancias judiciales que los juzgan, no por sus ideas, sino por sus actos".

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