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La Mesa del Parlament acata el 155 y reconoce que la declaración de independencia fue de carácter "simbólico"

Los tres imputados que por ahora han declarado como imputados ante el juez Pablo Llarena (Carme Forcadell, Lluís Corominas y Lluís Guinó) han contestado a todas las preguntas para asegurar explícitamente que acatan la aplicación del artículo 155

Forcadell, increpada en su llegada al Tribunal Supremo. / ATLAS

Carme Forcadell y los otros dos miembros de la Mesa del Parlament que declaran este jueves como imputados han reconocido ante el juez Pablo Llarena que acatan la aplicación del artículo 155 en Catalunya - el que, entre otras cosas, disolvió el Parlament - y también han reconocido que la declaración de independencia del pasado 27 de octubre tuvo un carácter "simbólico", reconociendo así que carece de efectos vinculantes.

Además, desde el entorno de Forcadell afirman que la expresidenta del Parlament ha defendido que, si tramitó las leyes de carácter independentista, fue para promover el debate, respetando los derechos del resto de parlamentarios y entendiendo que no haberlo hecho hubiese supuesto un incumplimiento de la legalidad. Ha negado tener funciones suficientes como para controlar la vida parlamentaria y también ha ensalzado la vía pacífica, desvinculándose por tanto de manifestaciones y disturbios.

Es la estrategia que, según informan fuentes presentes en el interrogatorio, están siguiendo por ahora tres de los seis imputados: Forcadell, Lluís Corominas y Lluís Guinó. En estos momentos declara Anna Simó y se espera que los dos restantes lo hagan por la tarde: será entonces cuando la Fiscalía explique qué medidas cautelares solicita en la celebración de las conocidas como "vistillas".

Ha sido Forcadell quien ha abierto la ronda de interrogatorios, declarando durante dos horas y quince minutos, contestando a preguntas también de la Fiscalía, tal y como ha hecho Lluís Corominas durante cincuenta minutos. El Ministerio Público solicitará medidas cautelares al término de los interrogatorios en las vistillas que, previsiblemente, tendrán lugar por la tarde.

La Policía Nacional se ha llevado a varios manifestantes que gritaban "Catalanidad es hispanidad" y otros lemas. / AITOR ÁLVAREZ

Ninguno ha querido hacer declaraciones antes de entrar camino de la primera planta del alto tribunal, donde les espera el juez Pablo Llarena y los fiscales Fidel Cadena y Consuelo Madrigal. El Ministerio Público ha decidido esperar a ver cómo se desarrollan los interrogatorios para decidir qué medidas cautelares solicita para los seis imputados.

Los gritos se han desatado en cuanto han llegado a la calle Marqués de la Ensenada de Madrid. Por un lado, los de apoyo de decenas de personas gritando que "No esteu sols" o "Madrid está con el pueblo catalán", y por otro miembros de grupos de ultraderecha gritando "catalanidad es hispanidad" y pidiendo prisión para ellos.

Lluis Corominas y Ramona Barrufet, dos de los miembros de la Mesa del Parlamente, a su llegada al Tribunal Supremo. / ZIPI (EFE)

Varios políticos se han concentrado en la entrada del Supremo para dar su apoyo a los imputados. Xavi Domènech, portavoz de En Comú Podem en el Congreso de los diputados, ha asegurado que "estamos para dar apoyo a la Mesa porque consideramos que esto no puede tener una solución penal, tiene que tener una solución política, y también porque no puede haber prisión por estos motivos en estos momentos". Desde el PdeCat, su coordinadora general Marta Pascal ha dicho que "estamos convencidos de que se van a volver a casa con nosotros, y de que el proceso político que vivimos en Catalunya no va de tribunales".

El juez reclama otra causa

Según han confirmado fuentes del Tribunal Supremo, el juez Pablo Llarena ha reclamado al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya hacerse con la causa 1/2016 que también investiga a Forcadell y el resto de la Mesa: una causa que investiga posibles delitos de desobediencia y prevaricación, también por permitir la admisión a trámite y votación de normas encaminadas a la independencia después de haber sido advertidos expresamente por el Tribunal Constitucional de que no debían hacerlo.

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