La Mesa del Parlament vuelve al Supremo mientras el juez hace acopio de información del procés
La Fiscalía prefiere esperar al final de los interrogatorios para decidir qué medidas cautelares solicita para los seis imputados: comparecen por segunda vez después de que el juez Llarena accediese a darles más tiempo para preparar su defensa
Madrid
Con la misma acusación de rebelión pesando sobre ellos, y con la misma expectativa por saber qué medidas cautelares pedirá la Fiscalía para ellos. Los seis miembros de la Mesa del Parlament acusados por el Ministerio Público de contribuir a "dinamitar los cimientos del Estado de Derecho" están citados este jueves a las nueve y media de la mañana ante el juez Pablo Llarena del Tribunal Supremo, después de haber tenido una semana de plazo para preparar mejor sus defensas.
Las quinielas sobre la posible petición e imposición de medidas cautelares siguen abiertas, con Oriol Junqueras y siete exconsejeros cumpliendo una semana entre rejas, y con fuentes de la Fiscalía asegurando no tener nada decidido a día de hoy: se remiten, por el momento, a las palabras del Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, que hace unos días en Valencia aseguraba que "no puedo anticiparlo, todo dependerá en función de lo que declare" refiriéndose a la posibilidad de pedir el encarcelamiento de Carme Forcadell y el resto de imputados.
- LOS SEIS IMPUTADOS
Pocas cosas han cambiado en el Tribunal Supremo desde ese momento, aunque el juez Pablo Llarena ha movido ficha y ha hecho acopio de buena parte de la documentación que solicitaba la Fiscalía en su querella: en una providencia del pasado viernes, el magistrado instructor pedía información al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat, al Tribunal Constitucional e incluso al Ministerio de Justicia. Información y documentación sobre la tramitación y aprobación de las normas encaminadas a la independencia de Catalunya.
En esta providencia, el juez pide al Parlament que envíe una copia de los acuerdos de la Mesa que permitieron tramitar, incluir en el orden del día y aprobar la Ley del Referéndum, la de Transitoriedad Jurídica, la resolución que designó a los miembros de la Sindicatura Electoral posteriormente disuelta y, por último, la resolución de la declaración de independencia del 27 de octubre, solicitando copia también de las sesiones plenarias celebradas esos días. De a misma manera, se dirige al Tribunal Constitucional para que remita copia de las providencias, autos y sentencias en las que se ha pronunciado sobre estas normas, suspendiéndolas de forma cautelar tras un recurso del ejecutivo central, entre ellas la sentencia que declaró inconstitucional la Ley del Referéndum.
Al Govern, por su parte, pide copia del decreto de convocatoria del referéndum del 1-O y también del de normas complementarias, de la orden de la Consellería de Trabajo de garantizar los servicios mínimos durante las huelgas convocadas en Catalunya tras el 1-O y por último también del acuerdo de gobierno de la Generalitat para crear una Comisión de Investigación en torno a los disturbios y la actuación policial de ese día.
Recursos de súplica
En los últimos siete días, mientras la causa seguida contra el destituido Govern de la Generalitat en la Audiencia Nacional seguía su curso, los abogados de los imputados en el Tribunal Supremo han tenido tiempo para preparar mejor su defensa, tal y como concedió el juez Llarena. Varios de ellos, de hecho, han solicitado al alto tribunal que reconsidere su decisión de admitir a trámite la querella, como ha sido el caso de Carme Forcadell, presidenta del Parlament, o de Joan Josep Nuet (Catalunya Sí Que Es Pot): en el caso de Nuet sus abogados alegaban, entre otras cosas, que votó hasta 18 veces en contra del procés y sus leyes, y achacando errores de bulto a la querella de la Fiscalía en cuanto a él.
<p>El diputado de CSQEP recurrió en súplica la admisión a trámite de la querella contra él en el Tribunal Supremo</p>
De hecho, el juez Llarena ha pedido información también sobre Nuet: pide al secretario del Parlament de Catalunya que acredite por escrito que el diputado procedente de Izquierda Unida es o no miembro de la Diputación Permanente, y por tanto aforado. Entre las peticiones de la Fiscalía todavía por resolver está, por ejemplo, llamar a declarar como testigo al letrado mayor del Parlament o acumular en esta causa las investigaciones seguidas, por ejemplo, en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.