El pleno del Congreso ha aprobado la reforma de la ley del concierto económico vasco, el conocido como cupo vasco, por valor de 1.300 millones de euros en el próximo quinquenio. Ha salido adelante con los únicos votos en contra de Ciudadanos y la coalición valenciana Compromís, lo que supone un rechazo de 36 diputados. A favor han votado PP, PNV, PSOE, que gobierna en coalición con los nacionalistas vascos, y Unidos Podemos. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro ha descartado que la aprobación de este cupo obedezca a la necesidad política de conseguir el apoyo el PNV. Montoro ha insistido en que el cupo vasco no es un privilegio «ni moneda de cambio» de nada, sino que es una «singularidad de la España plural» que beneficia al País Vasco, pero también al conjunto del Estado. Además, se ha comprometido a acordar en los primeros meses de 2018 la reforma del sistema de financiación para el resto de comunidades, salvo Navarra, y que sus efectos se reflejen en los Presupuestos del año que viene. El ministro se ha detenido en explicar algunas cifras de cómo se calcula el cupo, tras las críticas que el resultado de aplicar este modelo fiscal empieza a tener tanto en el Congreso como entre expertos en el sistema de financiación autonómica. «Tiene uno que leer y escuchar algunas cosas que merece la pena explicarlo. Espero que sea comprensible para todos cómo llegamos a estas cifras. Cuanto más atención dediquen, más se enterarán», les ha dicho a los diputados con sorna. Javier Maroto, a Albert Rivera: «El cupo vasco es un sistema de financiación diferente, a las duras y a las maduras». Montoro ha explicado que el cupo representa lo que el País Vasco contribuye a las arcas del Estado por las competencias que éste presta en Euskadi, que no están transferidas. Según las leyes que hoy se aprueban, ascenderá a 1.300 millones anuales en el próximo quinquenio, aunque a esta cifra se le aplican diversos descuentos, por lo que las haciendas vascas pagarán menos, este ejercicio, unos 945 millones. Montoro ha señalado que esas competencias del Estado ascienden a 185.000 millones, pero Euskadi paga de esa cantidad el 6,24%, que es lo que se calcula que pesa en la economía nacional. De la cifra resultante (11.000 millones), se restan, a su vez, los ajustes por ingresos no tributarios, los tributarios no concertados y el déficit público, siempre aplicando ese 6,24%. «Una vez realizados estos ajustes y compensaciones, se establece el cupo líquido a pagar, 1.300 millones», ha resumido el ministro, que ha añadido que a esa cifra se le restarán ahora los ajustes por las Políticas Activas de Empleo (transferidas a Euskadi). También se restará la parte de los 1.400 millones de euros que, según han pactado ambas partes, se calcula que Euskadi ha pagado al Estado de más en los años que no se ha renovado el Cupo y que el Gobierno le va a devolver también en cinco años. «Cuando hay lealtad y respeto a la ley, cualquier acuerdo es posible. Este acuerdo va a beneficiar al País Vasco y al interés general de España, por su contenido económico y porque contribuye a la estabilidad del país», ha añadido. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha dicho que el problema no es el sistema sino lo que Euskadi acaba pagando, el «cuponazo», como lo ha llamado, que «no responde a un cálculo técnico, sino a un amaño político» entre el PP, el PSOE y el PNV. Según ha explicado, Ciudadanos cree que ambas normas «trabajan por la desigualdad e inciden en la insolidaridad territorial» y aprecian un «fraude a la Constitución», concretamente al artículo 138, que dice que ninguna comunidad podrá gozar de ningún privilegio económico ni social. Rivera también ha criticado la propia tramitación de las leyes, con carácter de urgencia y en lectura única, y se ha preguntado por qué no es urgente reformar el sistema del resto de comunidades (salvo Navarra), pendiente desde 2014. El líder de la formación naranja ha denunciado que el acuerdo sobre el cupo hará que una comunidad «rica» como el País Vasco sea «subvencionada en casi un 30% por el resto de españoles». «¿Cómo podemos aceptar esta injusticia, señor Montoro?», ha preguntado, acusando al Gobierno de haberse «pasado por el arco del triunfo» la opinión de los expertos en financiación autonómica. Por último, ha afeado al PNV que diga que «no hay ambiente» para apoyar los Presupuestos Generales del Estado de 2018 pero sí lo haya para pactar el cupo. También ha arremetido contra el PSOE por respaldar el acuerdo sobre la aportación vasca pese a considerarse un partido «progresista», y contra ERC y PDeCAT. «Como buenos supremacistas, les gusta el privilegio», ha dicho a estos últimos, acusándoles de buscar otro «cuponazo» para Cataluña.