917 mujeres asesinadas, un millón y medio agredidas sexualmente
El repunte de mujeres y menores asesinados y el clamor contra la invisible violencia sexual marcan el 25 N
45 mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de año.
Madrid
El año del demandado Pacto de Estado contra la Violencia de Género terminará paradójicamente con una escalada de los asesinatos machistas. 45 mujeres han perdido en 2017 la vida a manos de sus parejas o exparejas, una cifra que supera la de todo el año pasado y que podría aumentar porque hay tres casos que todavía permanecen en investigación.
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La misma espiral se registra en la sobrecogedora estadística de menores asesinados por sus padres o las parejas de sus madres para hacerles un daño infinito del que jamás se recuperarán. El número asciende a 8 tras el último y escalofriante episodio de Alzira donde una niña de dos años fue degollada por su progenitor cuando su mujer iba a denunciarlo a una comisaría a la que nunca llegó. Además 23 menores se han quedado huérfanos en estos casi once meses.
El crimen machista de este viernes en Vinaròs (Castellón) eleva a 917 el balance de las mujeres asesinadas en los últimos catorce años, desde que en 2003 las autoridades empezaron a hacer un recuento oficial. La ficha de menores no comenzó hasta 2013. Desde entonces los huérfanos suman 185 y hay que añadir el terrible dato de 23 niños y niñas asesinados.
El Pacto de Estado solo es, de momento, un acuerdo político con 213 medidas y un compromiso presupuestario sobre el papel de mil millones de euros en los próximos cinco años. Mariano Rajoy anunció esta semana que se firmará en diciembre y que los próximos Presupuestos Generales del Estado recogerán los primeros 200 millones. Pero lo cierto es que no se ha implantado ninguna acción desde que el Congreso aprobó hace cuatro meses el documento.
En la víspera del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, diez organizaciones sociales han denunciado que mientras el Gobierno repite que este es un asunto de Estado, en 2017 solo ha dedicado 31,7 millones de euros a combatir la violencia de género frente a 152 millones destinados a material de oficina. "Invierte más en folios y en bolígrafos que en prevenir la violencia", aseguran en un manifiesto.
Estas ONG critican además la falta de respuesta gubernamental ante el aumento de las agresiones sexuales. Los únicos datos oficiales se limitan a los que ofrece el ministerio de Interior: 7.240 delitos contra la libertad sexual registrados en 2016, 417 más que el año anterior. "Esta cifra solo se refiere a las agresiones denunciadas, que se estima que suponen apenas el 10 por ciento del total. Esta falta de datos contribuye a ocultar todavía más el problema", señalan.
Solo 9 de las 17 Comunidades Autónomas disponen de algún recurso público para atender a las miles de víctimas como la de 'la Manada': Andalucía, Madrid, Extremadura, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña y Valencia. Y no hay ni un solo centro público de emergencias especializado en situaciones de violencia sexual de carácter estatal.
La partida de 2,7 millones de euros anunciada por la ministra Montserrat para que las comunidades pongan en marcha programas de asistencia a las mujeres que son violadas y sufren agresiones sexuales supone "menos de lo que se gasta el ministerio de Fomento en seguridad privada y poco más del doble de lo que cuesta subvencionar la cafetería del Congreso".
Amnistía Internacional también denunció esta semaña que la violencia sexual sigue siendo invisible y no prioritaria en las políticas públicas. La organización señala que casi un millón y medio de mujeres y niñas ha sufrido algún tipo de agresión sexual a lo largo de su vida. Un dato extraído de la Macroencuesta sobre Violencia de Género realizada por el Gobierno en 2015 en la que se incluyó alguna pregunta a las mujeres sobre estos abusos.
Pese a esta cifra, Amnistía dice que no hay campañas ni acciones de prevención, que faltan servicios especializados de atención y de recuperación y que no existe especialización ni en la policía, ni en el sistema judicial ni en el sanitario. Por eso, alerta de la existencia de prejuicios que ponen en duda la credibilidad y el testimonio de las víctimas como se ha visto, añade, en el juicio de la Manada, algo que provoca una doble revictimización.
