21-D: unas elecciones excepcionales para el futuro más incierto

Madrid

Cataluña celebra el 21 de diciembre sus decimosegundas elecciones autonómicas en la reciente etapa democrática. Ninguna otra convocatoria a las urnas ha sido igual que esta. Nunca antes como ahora el Gobierno central convocó unos comicios autonómicos anticipados. Ni en Cataluña ni en ningún otro territorio. Nunca antes como ahora se celebraran unas elecciones previa aplicación del artículo 155 de la Constitución tras la destitución de todo el Govern. Nunca antes como ahora los cabezas de lista y candidatos de los partidos nacionalistas/independentistas, con posibilidades de formar Gobierno según las encuestas, estuvieron imputados por graves delitos. Nunca antes como ahora la ruptura de España estuvo tan presente en las urnas.

Serán las elecciones más anómalas para el futuro más incierto de Cataluña. Los escenarios parlamentarios que dibujan los sondeos de las últimas semanas impiden elucubrar sobre la futura situación política de esta comunidad autónoma.

Si el bloque independentista (ERC, PDeCat y CUP) logra sumar mayoría absoluta (68 escaños de 135) pueden insistir en su idea de romper con España e intentar la secesión sin respetar las leyes vigentes. Esa fórmula, tras la experiencia traumática de los últimos meses, parece abocada al fracaso. La otra vía, una negociación bilateral con el Gobierno central para lograr la independencia, parece también un callejón sin salida pues la Constitución Española lo prohíbe expresamente y el Tribunal Constitucional así lo ha dejado escrito en distintas sentencias.

Si el bloque independentista no revalida la mayoría absoluta en escaños que cosechó en las elecciones de 2015, el futuro Gobierno de Cataluña, a juzgar por lo que señalan las encuestas, sólo puede ser fruto de alianzas entre tres o cuatro partidos que ahora nadie es capaz de aventurar.

Los nacionalistas catalanes pactaron la Constitución española en 1978 y olvidaron la idea de la independencia. El 91% de los ciudadanos de esa comunidad que participó en el referéndum votó a favor de la Constitución, que daba amplias cuotas de autogobierno a Cataluña. Fue uno de los mayores porcentajes de apoyo registrados en toda España.

Durante 30 años (de 1980 a 2010) la ruptura con España fue una amenaza con sordina y sin recorrido político. Los nacionalistas conservadores de Convergencia i Unió gobernaron Cataluña con amplias mayorías desde 1984 (72 diputados de 165) hasta 1992 (70 escaños). Los años de las mayorías minoritarias de Convergencia hasta que fueron apeados del Gobierno por una coalición de tres partidos en 2003 (PSC, ICV y ERC) coincidieron con su papel de bisagra en el Congreso de los Diputados, del que obtuvieron distintos rendimientos: nuevos modelos de financiación autonómica que saludaron con entusiasmo para mejorar los ingresos de Cataluña; el reforzamiento de su autogobierno con mayor poder para los Mossos o capacidad para elegir la dirección de los Puertos del Estado. También lograron estabilidad en el parlamento catalán con el apoyo del PP cuando CiU perdió su mayoría absoluta en 1999. Y por último, lograron un nuevo Estatuto de Autonomía de 2006 de su gusto cuando estaban en la oposición e incorporaron sus propuestas para que desbloquear la norma tanto en el parlamento catalán y como el Congreso de los Diputados.

Todo se torció en 2010, con la crisis económica agravada, con fuertes recortes sociales en Cataluña y una situación financiera de esta comunidad al borde de la quiebra. Aquella situación coincidió con la sentencia del Tribunal Constitucional, que resolvía el recurso presentado por el PP unos años antes contra 128 de los 233 artículos del nuevo estatuto de autonomía de Cataluña. El Tribunal Constitucional por seis votos a favor (cinco magistrados progresistas y uno conservador) y cuatro en contra (conservadores) aprueba una sentencia que declara inconstitucionales 14 de los 233 artículos e interpreta otros 27.

La sentencia mantiene el texto del preámbulo y aclara que carece de eficacia jurídica en relación a este párrafo: "El Parlamento de Cataluña, recogiendo el sentimiento y la voluntad de la ciudadanía de Cataluña, ha definido de forma ampliamiente mayoritaria a Cataluña como nación". "Esa mención", según el Constitucional, "en cuanto tiene de expresión de una circunstancia histórica, es en sí misma jurídicamente intrascendente, sin perjuicio de que, en cualquier contexto que no sea jurídico-constitucional, la autorrepresentación de una colectividad como una realidad nacional en el sentido ideológico, histórico o cultural, tenga plena cabida en el ordenamiento democrático como expresión de una idea perfectamente legítima".

Además, la sentencia derogaba o interpretaba los siguientes aspectos de la norma catalana:

1. Lengua. La sentencia eliminaba la primacia que el nuevo Estatuto concedía en su artículo 6 al catalán respecto al castellano.
2. Defensor del Pueblo. La exclusividad que concedía el Estatuto al Sindic de Greuges para fiscalizar la actuación de la Generalitat de Cataluña fue eliminada porque eso invadía competencias del Defensor del Pueblo español.
3. Justicia. El estatuto catalán se excedió, según el Tribunal Constitucional, al crear un Consejo de Justicia de Cataluña con competencias que correspondían al Consejo General del Poder Judicial".
4. Competencias. Los legisladores catalanes incorporaron un artículo que permitía a la Generalitat legislar sobre materias que el Estatuto atribuye a la Generalitat de Cataluña de forma compartida con el Estado. El Constitucional aclaró que el Estado podría seguir legislando sobre las competencias compartidas mediante la figura normativa que crea oportuna.
5. Tributos locales. El Estatuto de Cataluña establecía la posibilidad de que la Generalitat tuviera capacidad legislativa para establecer y regular los tributos propios de los Gobiernos locales. El Constitucional señaló que la capacidad legislativa para establecer y regular los tributos propios de los ayuntamientos era una potestad exclusiva y excluyente del Estado.

Tras esta sentencia de 2010, contestada en la calle con una manifestación que gritó a favor de la independencia y en la que participaron cerca de medio millón de ciudadanos, se celebraron unas elecciones que arrebataron la mayoría absoluta al tripartito de PSC, ERC e ICV y permitió a CiU recuperar el poder autonómico. Durante dos años, el Gobierno de Artur Mas, sin mayoría absoluta, se apoyó en los escaños del PP para sacar adelante sus presupuestos. Durante dos años, funcionó el pacto de CiU con el partido que había recurrido el Estatuto catalán ante el Constitucional y logrado que se eliminarán alguno de sus artículos.

Mas visitó el Palacio de la Moncloa en 2012 reclamando a Rajoy un pacto fiscal que permitiera a Cataluña escapar de sus dificultades financieras y lograr un trato privilegiado respecto al resto de comunidades autónomas del régimen común. Rajoy rechazó la oferta de Mas y este convocó elecciones anticipadas en 2012. Su apuesta electoral le salió mal (CiU bajó de 62 a 50 diputados) y desde el Gobierno inició su travesía a la independencia de la mano de ERC con la convocatoria de un referendum -lo llamó proceso participativo para intentar orillar la prohibición del Tribunal Constitucional- y cuando lo hizo convocó de nuevo elecciones anticipadas a modo de plebiscito en alianza con los republicanos en la coalición Junts pel Si. El nuevo mandato se inició en 2015 con una mayoría en escaños de las fuerzas independentistas (Junts pel Si más CUP) y un programa electoral abocado al incumplimiento de todas las leyes vigentes.

Dos años de incumplimiento sistemático de la Constitución, según resolvió el Tribunal Constitución en varias sentencias, abocaron a la situación excepcional que vive hoy Cataluña, con la aplicación del artículo 155 y la convocatoria anticipada de elecciones por parte del Gobierno central.