La Audiencia juzga la financiación ilegal del PP valenciano con la Gürtel
La Audiencia Nacional juzga desde este lunes a la cúpula del PP valenciano de Francisco Camps, a la trama y empresarios por financiar de forma ilegal dos campañas electorales con un total de 3.4 millones de euros. La mayor parte fue pagada por el PP en negro, que incluso abonó de esta forma actos de campaña de Mariano Rajoy en 2008. Tanto los empresarios como el líder de la trama, Francisco Correa, han reconocido los hechos para llegar a un acuerdo que atenúe su condena
El expresidente valenciano Francisco Camps. / GETTY IMAGES
Madrid
El juzgado central de lo penal de la Audiencia Nacional que dirige el magistrado José María Vázquez Honrubia, juzga desde hoy y hasta el próximo mes de abril la financiación ilegal del PP a cuenta de la Gürtel.
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En el banquillo se sientan 20 acusados entre los que se encuentran empresarios, la trama de Francisco Correa, y la cúpula del Partido Popular y de la Generalitat del expresidente valenciano Francisco Camps, con procesados como el exsecretario general Ricardo Costa, o el exvicepresidente, Vicente Rambla, a quienes la Fiscalía pide 7 años y nueve meses de cárcel por delito electoral y falsedad documental. La misma pena solicita para los también exdirigentes del PP, Cristina Ibáñez y David Serra; mientras que para Yolanda García reclama seis meses de presidio.
Según la Fiscalía, el PP valenciano encargó en las elecciones municipales y autonómicas de 2007, y en las generales de 2008, actos electorales a Orange Market, la marca valenciana de la Gürtel, por un total de 3.4 millones de euros "sin factura ni declararlos a Hacienda o al Tribunal de Cuentas".
Hasta 2.2 millones fueron pagados por el PP en negro a la trama, y el resto de los actos que correspondía pagar a la formación conservadora, fueron abonados por adjudicatarios con la Generalitat, que pagaban a Correa por servicios no prestados mediante facturas ficticias a cambio de obra pública. Entre los actos bajo sospecha se encuentran varios mítines de Mariano Rajoy.
El propio Correa ha admitido los hechos e implicado a Francisco Camps, que solo declarará como testigo. También han confesado los nueve empresarios involucrados en la causa.
Entre estos empresarios, se encuentran Enrique Ortiz, implicado además en el caso Brugal; Gabriel Batalla, de la empresa Lubasa; Enrique Gimeno, de la castellonense FACSA; los hermanos Antonio y Alejandro Pons, de la firma Piaf; o Vicente Cotino, el sobrino del expresidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino.
Según el auto del juez instructor, José de la Mata, éstos sufragaban pagos de servicios adeudados por el PPV a Orange Market, mediante contratos "que presuntamente no tendrían una sustantividad real a modo de contratación de servicios". Estas empresas, según explicaba el magistrado, pertenecían a grupos empresariales beneficiarios de contratos con la Administración Pública Valenciana.
La investigación de todos estos años permite concluir, según de la Mata, la existencia de una forma de pago de carácter dual por parte del partido popular valenciano, abonándose parte de los mismos con dinero oficial (denominado Alicante en algunas conversaciones y documentos) y otra parte presuntamente, en dinero "con fondos ajenos al circuito económico financiero oficial (dinero en B denominado Barcelona; estas cantidades engrosarían la denominada Caja B Orange Market y la del grupo)".
En el desarrollo de esas campañas electorales, según explica De la Mata, los acusados no tuvieron en cuenta la cuantía máxima admitida de gasto electoral prevista legalmente. Con el propósito de obtener mayor despliegue en el proceso electoral, tanto en las elecciones de 2007 como en las de 2008, "los acusados integrados en el PP de la Comunidad Valenciana, cada uno con distintas funciones, contrataron a la mercantil Orange Market servicios que abonaron de modo irregular, en parte en efectivo y en parte a través de terceros. En ambos casos, tales pagos no quedaron reflejados en facturación ni en contabilidad".
