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investidura de Carles Puigdemont

El Gobierno recurrirá al Constitucional la candidatura de Puigdemont pese al informe negativo del Consejo de Estado

Fuentes de Moncloa confirman que seguirán adelante con el recurso argumentando que el informe del Consejo de Estado, que no ve fundamento para impugnar la candidatura, es preceptivo y no vinculante

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, durante su comparecencia / Mariscal (EFE)

Madrid

El Gobierno mantiene la intención de recurrir ante el Tribunal Constitucional la propuesta de candidatura de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat pese a que el Consejo de Estado no haya avalado hacerlo ahora alegando que no ve fundamentos para impugnar la candidatura de Carles Puigdemont ya que no es posible interponer recursos a título preventivo o la adopción de medidas cautelares. En este momento, explican los informes, solo se trabaja con hipótesis, actos previsibles pero que no se han producido por tanto, no se puede actuar contra acontecimiento futuros.

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Esta mañana la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunciaba la decisión del Gobierno de recurrir ante el Tribunal Constitucional la decisión del presidente del Parlament, Roger Torrent, de proponer a Carles Puigdemont como candidato a ser investido presidente de la Generalitat. Sáenz de Santamaría explicaba  entonces su decisión de solicitar un informe al Consejo de Estado con este fin. Tras la decisión del organismo, fuentes del Ejecutivo han recordado que ese informe no es vinculante y han asegurado que tiene la intención de seguir adelante con el recurso.

La interposición de este recurso conllevaría la suspensión de esa decisión de Torrent, en invocación del artículo 161.2 de la Constitución. "El señor Torrent no puede proponer como candidato al señor Puigdemont. Puede proponer a otro", apuntaba esta mañana la vicepresidenta, que subrayaba que el estatus jurídico actual de Puigdemont es "incompatible" con su comparecencia personal en la Cámara, con una orden de detención que debe hacerse efectiva tan pronto como entre en territorio español.

 
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