Un buitre en los tribunales
La venta de casi 3.000 viviendas públicas a Azora Gestión avanza por la vía penal mientras los afectados han logrado una importante victoria en el Tribunal Supremo: les ha reconocido el derecho a poder recurrir la venta de su casa a un fondo buitre
Manifestantes contra los fondos buitre en Madrid / Alberto Pozas
Madrid
La venta de vivienda pública a fondos de inversión en Madrid aterrizó en los tribunales poco después de que el ejecutivo que dirigía entonces Ignacio González formalizase el movimiento, pero la vía penal no es la única que fiscaliza esto: los afectados han ganado una importante batalla en el Tribunal Supremo, la Cámara de Cuentas ha criticado con dureza la operación y ha sido estudiada también por una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid.
En el caso del Tribunal Supremo, las buenas noticias llegaron para los afectados el pasado 22 de noviembre. La sección tercera de lo contencioso-administrativo del alto tribunal dictaba una sentencia en la que reconocía su derecho a recurrir ante un juez la venta de su casa protegida y pública a un fondo de inversión. Hasta ese momento, tal y como reveló entonces la Cadena SER, la tendencia de los juzgados madrileños era la de entender que los afectados no estaban legitimados para hacerlo, explicando en varias sentencias que en nada les afectaba que su vivienda cambiase de titular si no había cambios en las condiciones, por ejemplo, de una subida del alquiler o de la renta.
El Tribunal Supremo decidió revocar esta tendencia, resolviendo el caso de un hombre que adquirió una vivienda de protección oficial de la Comunidad de Madrid en 2007 en la localidad de Navalcarnero, y que se había beneficiado de una reducción de la renta del 90% hasta un año después de la venta masiva de vivienda pública a un fondo buitre. Explicó el Supremo que "es claro que afecta" que una casa pública "pase al ámbito privado", es un movimiento que "no puede considerarse indiferente para el arrendatario" ni tampoco "jurídicamente irrelevante, no es meramente abstracto".
Manifestación contra la venta de vivienda pública en Madrid / Alberto Pozas
El alto tribunal ordenó que el juzgado de lo contencioso número 29 de Madrid volviese a revisar el caso de este vecino de Navalcarnero y su casa vendida a un fondo buitre, marcando el camino a decenas de casos enterrados también bajo la ausencia de legitimación. Abogados de la Plataforma de Afectados por la Venta de Vivienda Pública y Social (PAVPS) ya defendían a pregunta de esta emisora en octubre de 2016 que, por ejemplo, al haber pasado a manos privadas su alquiler había pasado "de 80 a 500 euros mensuales" al desaparecer las ayudas públicas.
Las 17 conclusiones de la Cámara
Para cuando los tribunales empezaron a interesarse por la venta masiva de vivienda pública de la Comunidad de Madrid a fondos de inversión, la Cámara de Cuentas
ya había expresado sus serias dudas sobre la operación en un informe de noviembre de 2015 en el que detectaba hastsa 17 anomalías en el proceso.
Entre otras irregularidades que detectó este organismo, encargado de ejercer el control económico y presupuestario de la Comunidad de Madrid, estaba el haber pasado por encima del consejo de administración del IVIMA para adoptar decisiones clave en el proceso, también cualquier análisis, estudio técnico o informe de los que el gobierno de González aseguró haber estudiado para optar por la venta, la restricción del proceso a unas pocas empresas y criticando, como también hace la Fiscalía, que el adjudicatario de las viviendas hiciese la operación a través de una empresa interpuesta.
"Transparente, pulcro, inmaculado"
A lo largo de la última legislatura, la Asamblea de Madrid también ha abordado el tema de esta operación a través de la comisión de investigación sobre la corrupción en la región: el propio Ignacio González compareció en noviembre de 2015 para defender el proceso como algo "transparente, pulcro, inmaculado".
Ignacio González defendió entonces que la venta de las casi 3.000 viviendas públicas a Goldman Sachs se había hecho de forma completamente legal y que se realizó en un contexto de "necesidad de obtener ingresos y reducir gastos" y que el proceso de venta fue un concurso "público y transparente".
Unos días antes, Ana Gomendio había abierto la ronda de comparecencias en calidad de exdirectora general del IVIMA, calificando la operación de "extraordinaria" y también de "transparente", en "una situación de escasa liquidez, el organismo público necesitaba de recursos", explicó. Juan Van-Halen Rodríguez, su predecesor en el cargo, también compareció para desentenderse de la tasación de las casas, que la Fiscalía sospecha que se hizo muy por debajo del precio de mercado: "Yo no conozco cómo se tasan los bienes, es un procedimiento muy complicado, igual hay que preguntar al Banco de España".
También en el Ayuntamiento
La de la Comunidad de Madrid no ha sido la única venta masiva de vivienda pública a fondos de inversión en la capital de España: poco antes, en julio de ese mismo año, el Ayuntamiento que dirigía Ana Botella vendió 1.860 casas de 18 promociones al fondo Fidere, del grupo Blackstone, por 128,5 millones de euros. Una operación que también está en manos de los tribunales: a finales de septiembre, la Audiencia Provincial de Madrid revocó el archivo dictado por el juzgado 38 de Plaza de Castilla y ordenó seguir investigando la venta.
Una causa penal reabierta en base a un informe de la Cámara de Cuentas, que en abril de 2016 dejaba negro sobre blanco que la venta ejecutada por el consistorio madrileño estuvo plagada de graves irregularidades y que supuso un "quebranto" millonario para las arcas públicas. El Tribunal de Cuentas también decidió abrir unas diligencias en noviembre de ese mismo año y el actual consistorio ha anunciado que solicitará la nulidad de la venta a Fidere.
