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Atrapado con un fondo buitre en casa

La venta de vivienda pública de la Comunidad de Madrid se atasca en los tribunales: la investigación penal espera la designación de un perito de la Oficina Antifraude y los juzgados contencioso-administrativos no les reconocen como afectados por esta enajenación

Una mujer en el Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid (IVIMA) tras recibir una orden de desalojo de su vivienda en el barrio de Orcasur, en el distrito de Usera (2012) / ()

El 25 de octubre de 2013, el Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid (IVIMA) firmó con Azora Gestión la venta de 2.935 viviendas, 3.084 garajes, 1.865 trasteros y 45 locales de titularidad pública y carácter social. Tres años después, los inquilinos que han acudido a los tribunales se han encontrado con varias puertas cerradas: la causa penal se atasca a la espera de que la Agencia Tributaria envíe un perito de la Oficina Antifraude mientras los juzgados de lo contencioso-administrativo ni siquiera les reconoce la capacidad de reclamar.

Según documentación a la que ha tenido acceso Radio Madrid, diversos juzgados de lo contencioso-administrativo de la capital han denegado la legitimación activa a afectados, tanto en demandas individuales como colectivas, por entender que no están legitimados para solicitar la nulidad de la enajenación de su vivienda y que no han acreditado que el proceso les haya causado ningún daño ni perjuicio. El pasado mes de mayo, por ejemplo, el juzgado contencioso número 2 explicaba que “la adjudicación no ha hecho cambiar su situación personal que le unía con el IVIMA, el único cambio es el que se refiere a la titularidad de la vivienda”, añadiendo que los inquilinos “conservan los mismos derechos y obligaciones que ya tenían” antes de la venta a un fondo de inversión.

El pasado mes de julio, el juzgado 25 emitía una resolución similar explicando que el recurrente “no acredita que la enajenación de las 32 promociones haya afectado a ningún derecho o interés legítimo”. Dos de los abogados de la Plataforma de Afectados por la Venta de Vivienda Pública y Social (PAVPS), Alejandra Jacinto y Manuel Sanpastor, han recurrido estos casos ante instancias superiores.

Unos argumentos que contradicen lo que estableció la Cámara de Cuentas en un informe del pasado 6 de noviembre de 2015: a lo largo de ochenta y tres páginas explica que el IVIMA conocía “los efectos que se iban a producir sobre los derechos e intereses de los arrendatarios de las viviendas que se iban a enajenar”, criticando que no se les permitiese hacer ningún tipo de alegación y que “debería haberlos tenido a todos ellos como interesados en el referido procedimiento de enajenación”.

Explicaba el informe que, entre otros perjuicios causados a los afectados, a partir de ahora “esos arrendatarios no podrían obtener las reducciones al no ser viviendas ya propiedad del IVIMA”: la vivienda ya no es pública y aunque no se suba el alquiler, los inquilinos ya no podrán optar a que se subvencione una parte. Terminaba explicando que los contratos relativos a la adjudicación “podrán ser impugnados ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo”. En su informe, además, el organismo fiscalizador apuntaba a numerosos ángulos muertos e irregularidades del proceso: la Comunidad, en ese momento bajo el mando de Ignacio González, no justificó el carácter registringido del concurso para optar a la enajenación, ni tampoco la consideración de "innecesariedad" de los casi tres mil inmuebles que esgrimió entonces la administración. 

Fátima y Nadia son dos mujeres que han llevado su caso ante los tribunales y que, aseguran, tampoco han recibido respuesta de la administración.

Destaca también negativamente el informe de la Cámara que poco después de la adjudicación, Azora Gestión crease una sociedad "instrumental" llamada Encasa Cibeles en la que entró el fondo de inversión con un casi cien por cien del capital invertido.  

A la espera de un perito

Mientras tanto, el juzgado de instrucción nº 48 de Madrid investiga el proceso de enajenación por la vía penal. Una investigación en la que ha declarado como imputada a la entonces directora general del IVIMA Ana Gomendio, y que también se ha llevado por delante a su predecesor en el cargo y hasta este mes de febrero Director General de Suelo en el Ministerio de Fomento, Juan Van-Halen Acedo.

La causa, tras tomar declaración como imputados a estos dos exaltos cargos del IVIMA y máximos responsables de la venta, tiene poco movimiento desde hace varios meses: los dos jueces que se han hecho cargo del caso han pedido ya en varias ocasiones a la Agencia Tributaria que designe un perito de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), sin haber obtenido por el momento ninguna respuesta.

Una providencia de la magistrada Concepción Jerez del pasado 22 de septiembre reiteraba su petición: el objetivo es que “procedan al análisis de toda documentación de contenido económico con el fin de contribuir al esclarecimiento de los hechos” y, según fuentes del caso, investigar quién y cómo pudo lucrarse con este proceso millonario. Estas mismas fuentes precisan que es una diligencia esencial para poder avanzar en la investigación, ya que un beneficio por parte de alguna de las partes implicadas a costa del proceso sería la base de una acusación.

A la espera de una respuesta por parte de la Agencia Tributaria – dependiente del Ministerio de Hacienda – otra perito está realizando un informe también clave en el caso: una jefa de unidad del cuerpo de Arquitectos Superiores de Hacienda calculará el valor de los inmuebles vendidos a Azora por parte del IVIMA para saber si la tasación que se hizo entonces fue la correcta.

Una causa penal impulsada por la Asociación de Afectados por el IVIMA. En declaraciones a la SER, su portavoz, Enrique Villalobos, asegura que se cometieron "irregularidades" en el proceso de enajenación además de un perjuicio económico para la Comunidad al vender las viviendas a un precio por debajo de su tasación real. 

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