Junqueras, Sànchez y Cuixart llevan su caso a la ONU para ser liberados

Barcelona

El abogado que representa al presidente de ERC, Oriol Junqueras; al expresidente de ANC Jordi Sánchez y al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, anunció hoy en Londres que ha llevado el caso ante la ONU porque, en su opinión, su encarcelamiento es "ilegal".

"Fueron detenidos después de que los catalanes votaran de manera abrumadora por la independencia en el referéndum del 1 de octubre de 2017", afirmó en rueda de prensa el letrado Ben Emmerson.

Tras calificar el caso de "afrenta contra los Derechos Humanos", el abogado británico aclaró que no se pide a la ONU que se pronuncie sobre la independencia catalana, sino que reafirme que "el Gobierno no puede reprimir la discrepancia política mediante la represión arbitraria".

El abogado penalista y especialista en Derechos Humanos, José María Fuster Fabra ha dicho a la Cadena SER que esta iniciativa no irá a ninguna parte. 

Al presentar esta situación ante el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, la defensa de Junqueras, Sànchez y Cuixart consideró que "deben ser liberados".

Emmerson subrayó que "las acciones del Gobierno español en este caso sientan un precedente peligroso para el derecho a las protestas pacíficas en todo el mundo". "Confiamos en que la ONU utilice este caso para reiterar de manera rotunda que el Gobierno no puede emplear cargos endebles para reprimir a la oposición política", remachó el abogado, que trabajó también para Maria Litvinenko, la mujer del exagente ruso que falleció en el 2000 después de ser envenenado.

El letrado se mostró "muy optimista" ante la posibilidad de obtener una "respuesta favorable" por parte de la ONU y confió en que ese organismo "adopte todas las medidas apropiadas" y que las autoridades españolas "respeten" su decisión cuando ésta se conozca. Estimó que hasta que se conozca esa decisión pasarán "semanas o meses" y reconoció que, de todas formas, no será "vinculante" aunque constituirá "un paso importante" a la hora de situar a España "al mismo nivel de la comunidad internacional".

Emmerson argumentó que para la defensa de estos presos uno de los "puntos clave" es que no se puede usar la prisión como base para suprimir movimientos o discursos políticos no violentos. Además, a su juicio, esta actuación tiene un "efecto espeluznante" en la "capacidad de la democracia para funcionar de manera adecuada".

Preguntado por la situación del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, huido de la justicia desde el pasado octubre, respondió que cuenta con un equipo legal "totalmente diferente", por lo que sería "inapropiado" pronunciarse al respecto.

También reconoció que las causas de sus clientes no pueden trasladarse a la Corte Europea de Derechos Humanos "hasta que se agoten" todas las posibilidades legales dentro del sistema español.

La abogada Rachel Lindon, del mismo equipo de defensa legal, precisó que la solicitud presentada ante la ONU busca que ese organismo "estudie" y "constate" que hubo suficientes evidencias de que se violaron los "derechos fundamentales" de los encarcelados "a manifestarse, y a tener un juicio legítimo"