Ocho comunidades ponen trabas a enfermeras y 'fisios' embarazadas cuando piden permisos por riesgo

Alba Benítez fue la número 2 de su promoción en el examen de Enfermero Interno Residente (EIR) del año pasado. Actualmente es residente en el Equipo de Salud Mental Infanto Juvenil de Plasencia, en Cáceres. Está embarazada de 5 meses y, tras sufrir tres agresiones de pacientes en un mes, pidió el cambio de puesto. Pero en su centro no había lugares adaptados así que solicitó un permiso por riesgo. "Me lo han denegado y me dicen que tengo que solicitar una baja por enfermedad común, pero yo no puedo ir al médico de cabecera y decirle que me dé la baja porque no tengo ningún problema de salud, sólo estoy embarazada", explica. 

Su caso se reproduce en Asturias, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, la Comunitat Valenciana, Euskadi, Madrid y Murcia. Según SATSE, en estas comunidades el retraso a la hora de conceder un permiso por riesgo es generalizado, sobre todo por las diferencias de criterio entre hospitales y centros de salud y porque es cada inspector del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) o cada mutua la que decide cuándo otorgar ese permiso. "Se demoran semanas, incluso algún mes", cuenta Mar Rocha -portavoz de SATSE- "y cada día que se retrasa en dar una respuesta a la enfermera, ella se ve expuesta a riesgos biológicos, de contagio de enfermedades graves como los VIH, los citomegalovirus, las hepatitis" y que se puedan hacer daño "en la movilización de pacientes o en la manipulación de carga". 

Ceuta rompe la norma

En esa ciudad autónoma sí existe un catálogo de puestos específicos para que estas profesionales embarazadas no estén expuestas a pinchazos, cortes o contagios.