Sin mujeres al frente de las instituciones

En España viven más mujeres que hombres, casi un millón más. Hay más mujeres que hombres también con formación superior. Pero hay un consistente techo de cristal que impide el ascenso a los puestos más altos al sexo femenino. Ese fenómeno se aprecia con gran claridad en las altas instituciones del Estado. La única alta institución del Estado española encabezada por una mujer es el Congreso de los Diputados, presidido por Ana Pastor desde 2016. En todas las demás - la Jefatura del Estado, el Senado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, el Tribunal Constitucional y también en los órganos consultivos, el Consejo de Estado y el Consejo Económico y Social- hay hombres al frente. Una abrumadora mayoría masculina que no ha cambiado desde el principio de nuestra democracia. De esas once instituciones cinco han llegado a estar en algún breve periodo presididas por una mujer. Desde 1978 ha habido dos presidentas del Congreso, la actual y Luisa Fernanda Rudi (200-2004); una del Senado, Esperanza Aguirre (1999-2002); una presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas (2004-2011); una Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal (2015-2016); una presidenta del Tribunal de Cuentas, Milagros García Crespo (1994-1997); y dos defensoras del Pueblo: María Luisa Cava (en funciones 2010-2012) y Soledad Becerril (2012-2017). Si analizamos con detalle cada una de las instituciones es fácil apreciar que, prácticamente en todas, la infrarrepresentación de las mujeres va mucho más allá de la Presidencia. El jefe del Estado, Felipe VI es un varón y lo previsible es que herede la Corona una mujer, la princesa Leonor. Pero podría no haber sido así si los reyes hubieran tenido un hijo en lugar de una hija. El artículo 57 de la Constitución establece que «La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; la misma línea el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos». A pesar de la unanimidad política en contra de esa prevalencia del varón sobre la mujer, el artículo no se ha modificado porque requiere una reforma agravada, lo que implica un referéndum y complica mucho las negociaciones entre los partidos. El Congreso de los Diputados tiene una representación bastante equilibrada entre hombres y mujeres. Además de una presidenta, de los 350 diputados 144 son mujeres, un 41%. No es el momento histórico con más mujeres en la cámara baja, lo fue la X Legislatura (2011-2016), cuando se alcanzó la igualdad perfecta: 175 diputados y 175 diputadas. En el Senado el porcentaje actual de representación de mujeres es de un 36%. De los 266 miembros de la cámara, 97 son mujeres. También fue la X Legislatura (2011-2016) la que más representación femenina tuvo: 123 senadoras. En su página web, el Senado trata de explicar el motivo de este reparto a pesar de que la ley obliga a que las candidaturas haya una composición equilibrada de hombres y mujeres. Atribuye la desigualdad de género al sistema electoral del Senado. «Los partidos y coaliciones se ven impulsados a presentar tres candidatos en la mayoría de las circunscripciones de modo que dentro de una misma candidatura un sexo puede tener más que otro. Además, el elector puede dar sus tres votos libremente, por lo que la paridad dependerá también de su elección». A esto hay que añadir que los senadores a propuesta de los parlamentos autonómicos son fruto, a su vez, de propuestas de un aspirante por grupo parlamentario, «por lo que forzosamente un sexo se queda sin representación por esta vía». Y apunta también a que «algunas comunidades autónomas designan un número reducido e impar de senadores». Esto supone asumir que cuando los candidatos son tres, suelen ser dos hombres y una mujer y que cuando es uno, la mayoría de las veces es un varón. El repaso de los gobiernos de la democracia nos muestra que se han hecho grandes avances en representación femenina en los gobiernos pero que tampoco estamos en el mejor momento de nuestra historia reciente. Los seis presidentes de la democracia han sido hombres y hasta 1981 no hubo una mujer ministra. Fue Soledad Becerril, a la que Leopoldo Calvo Sotelo adjudicó la cartera de Cultura. Antes, en los tres gobiernos de Adolfo Suárez, entre 1976 y 1981, no hubo ninguna mujer. Tampoco hubo mujeres en el primer gobierno de Felipe González (1981-1986), pero a partir de 1988 no ha habido ningún gobierno sin mujeres. En los tres siguientes de Felipe González hubo dos ministras o tres ministras y también tres mujeres en cada uno de los dos gobiernos de José María Aznar. El hito más importante para la igualdad de género la representación institucional española se produjo con el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2008), un equipo paritario, mitad hombres y mitad mujeres y con la primera vicepresidenta de la historia: María Teresa Fernández de la Vega. Zapatero mantuvo la paridad en su segundo gobierno (2008-2011). Con la victoria de Mariano Rajoy, el número de mujeres volvió a ser bastante menor que el de hombres. Hubo cuatro ministras en su primer equipo (2011-2016). Ahora la representación femenina en el consejo de ministros actual es del 36%, 5 mujeres de 14 miembros. En el órgano de fiscalización del sector público, el Tribunal de Cuentas, hay una sola mujer entre los cuatro componentes de la Comisión de Gobierno, un 25%. Ese desequilibrio de género se diluye en el pleno, compuesto por catorce personas, ocho hombres y seis mujeres. El actual Consejo General del Poder Judicial está conformado por veintiún jueces y juristas, nueve de ellos mujeres, un 43%. Es una representación de sexos bastante equilibrada que supone un avance radical desde el principio de su historia. En el primer CGPJ (1980-1985) no hubo ninguna mujer. La primera, Cristina Alberdi, formó parte del organismo en el segundo periodo (1985-1990). El CGPJ actual es el más igualitario de la historia, aunque hay que subrayar que la representación de las mujeres en este órgano de gobierno de los jueces está aún veinte puntos por debajo de la realidad de la carrera judicial, compuesta por un 64% de juezas. El panorama cambia notablemente en el Tribunal Constitucional. De los doce juristas de reconocido prestigio que lo componen tan solo dos son mujeres. Esto supone menos del 17% en el Tribunal clave de nuestro sistema. La representación femenina en los órganos consultivos no es mucho mejor. En el Consejo de Estado presidente y consejeros suman veintinueve personas, de las cuales sólo seis son mujeres. La representación femenina no llega al 21%. El Consejo Económico y Social, órgano consultivo del gobierno en materia socioeconómica y laboral, está compuesto por sesenta y una personas designadas por sindicatos, patronal, asociaciones de consumidores u organizaciones profesionales. De esas sesenta y una personas, tan solo quince son mujeres, la representación femenina es del 25%. Los datos muestran que solo hay una mujer al frente de una de las altas instituciones del Estado. Que en ninguna de esas instituciones la representación femenina supera el 43% y hay alguna que no llega al 20%. Que en toda la historia de la democracia no ha habido ni una Jefa del Estado, ni una presidenta del Gobierno, ni del CGPJ, ni del Consejo de Estado, ni del Consejo Económico y Social. Queda claro que, de momento, la cúspide institucional española, el mando de las instituciones, es cosa de hombres.

Sin mujeres al frente de las instituciones

Ana Pastor, presidenta del Congreso de los Diputados, es la excepción a una regla que se cumple desde el principio de la democracia, la de la mínima presencia de mujeres en la dirección de las altas instituciones del Estado

La infrarrepresentación femenina va más allá de la cúspide. En ninguna de esas instituciones la presencia femenina supera el 43% y hay alguna que no llega al 20%

El hito más importante para la igualdad de género la representación institucional española se produjo con el primer gobierno de Zapatero, paritario y con la primera vicepresidenta de la historia

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