El PSOE propone multas de hasta 50.000 euros a empresas que no garanticen la conciliación
La ley registrada por los socialistas en el Congreso obliga incluir medidas de discriminación positiva en la negociación colectiva y a que en 2023 ya haya una presencia equilibrada de hombres y mujeres en los consejos de administración
Pedro Sánchez, interviene en la jornada organizada por el PSOE 'Feminismo en el Socialismo'. / Luca Piergiovanni (EFE)
Madrid
Pasar "de las buenas palabras a los hechos". Ése es el gran objetivo que dice perseguir el PSOE con su proposición de ley de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación que, como regla general, convierte en deber de la empresa la garantía de igual trato a trabajadores y trabajadoras. Si no cumplen, las empresas se exponen a sanciones. Las multas pueden llegar a 50.000 euros por impedir la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
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El grupo socialista ha registrado este martes su propuesta en el registro del Congreso, planteándola como un punto de partida para la negociación con otros grupos. Se trata de una ley amplia que implica la modificación de siete leyes, de forma significativa el Estatuto de los trabajadores y traspone siete directivas comunitarias, entre ellas la que obliga a la presencia equilibrada de hombres y mujeres en los consejo de administración de las empresas que, según el texto, tendrá que estar totalmente en vigor en España en 2023.
La norma afecta a trabajadores autónomos, por cuenta ajena y funcionarios para garantizar "la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo y, especialmente las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y estado civil", según consta en el Título I de la proposición de ley.
Como principal novedad, el texto tipifica las infracciones leves, graves y muy graves con sus correspondientes sanciones, que pueden llegar a un horquilla de entre 25.000 y 50.000 euros en su grado máximo por impedir la conciliación, no interrumpir el contacto formativo por riesgo durante el embarazo, parto, nacimiento de los hijos, la extinción del contrato de trabajo durante el periodo de prueba por las mismas razones y el despido de trabajadoras víctimas de violencia de género.
Se exponen además a las multas más altas las empresas que incumplan el principio de composición equilibrada de las comisiones negociadoras de los convenios colectivos que, con carácter obligatorio, tendrán que incluir medidas de discriminación positiva.
El título de la proposición de ley hace referencia de forma expresa a las oportunidades de ahí que incluya en su artículo 42 bonificaciones en la cuota de la Seguridad Social para la reincorporación efectiva de las mujeres al trabajo tras la maternidad.
El texto plantea además la creación de la Oficina Estatal de Lucha contra la Discriminación, un órgano para “el impulso y coordinación de las medidas” y que podrá encargarse de tramitar e incluso resolver los procedimientos sancionadores iniciados por la Inspección de Trabajo.
