"Italia se inventa un delito de solidaridad"
El barco de Proactiva Open Arms sigue retenido en Sicilia (Italia) a la espera de una acusación
Roma
La fiscalía italiana acusa al comandante de la nave Open Arms, Marc Reig, y al coordinador a bordo de la ONG española ProActiva, Anabel Montes, de asociación criminal para delinquir con resultado de inmigración ilegal. "Se trataría de un supuesto delito de solidaridad, que acaban de inventarse" ha ironizado la abogada defensora Rosa Lo Faro.
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El secuestro del Open Arms se ordenó el domingo por la noche tras el desembarco en Pozzallo (Sicilia) de los 218 náufragos en condiciones dramáticas, rescatados horas antes a 73 millas de Libia. Es decir, en aguas internacionales, razón por la cual la ONG fundada por Oscar Camps y con sede en Badalona se negó a entregar los inmigrantes a militares de patrulleras libias, que incluso amenazaron con abrirles fuego tras el rescate en alta mar.
Desde la firma del acuerdo de Roma con el gobierno de Trípoli, Italia ha suministrado naves, equipos técnicos, asesoramiento y financiación a Libia para que impida en sus aguas territoriales la salida y navegación de barcazas de inmigrantes con destino a Europa. Ahora, por primera vez desde la caída del gobierno de Berlusconi en el 2011, Italia acusa a una organización humanitaria de un delito de tráfico de "clandestinos", expresión esta última que aparece en la orden de la fiscalía de Catania por la que se procede al secuestro del Open Arms, así como a la retención de la tripulación y del equipo de ProActiva en su condición de investigados.
"Estamos en una situación de toma del barco preventiva"
"Estamos en una situación de toma del barco preventiva", ha relatado Oscar Camps en declaraciones a Catalunya Ràdio y ha añadido que prevén que se les acuse de un delito al haber trasladado al grupo de migrantes desde aguas libias hasta territorio italiano.
"Hicimos la intervención en el mar y, una vez rescatados, pusimos rumbo al norte, hacia Italia, como hacemos siempre, e Italia no nos permitió la entrada" y obligó a que España tuviera que solicitar la entrada del barco a un puerto italiano.
"Nos trasladaron a un protocolo que no se había usado nunca", ha lamentado, por lo que tuvieron que contactar con el Ministerio de Asuntos Exteriores español y explicar que tenían una situación grave a bordo para que realizara el trámite. Camps ha dicho estar sorprendido porque se les tache de grupo criminal por el traslado y ha criticado que la acusación la lleve a cabo el fiscal de Sicilia: "Siempre viene todo del mismo lugar".
