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El máster de Cristina Cifuentes llega a la Fiscalía General del Estado

La Fiscalía General del Estado está estudiando si hay materia penal en la denuncia presentada por asociaciones de estudiantes para que se investigara el polémico máster

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, durante el pleno de la Asamblea de Madrid. / Chema Moya (EFE)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, durante el pleno de la Asamblea de Madrid.

Madrid

La Secretaria General Técnica que coordina el fiscal, Guillermo Garcia Panasco, ha recibido la denuncia de los estudiantes y comprobara, en primer lugar, si del contenido de los hechos relatados se pueden observar indicios de delito y, en caso afirmativo, se abrirían formalmente unas diligencias de investigación para practicar pruebas, e interrogatorios con los que afianzar las sospechas de delito y, en su caso, presentarlas ante un juez.

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Las denuncias reclaman que se indague si pudo producirse un delito de falsedad en documento público y un delito de cohecho. Y señala directamente la actuación de la funcionaria Amalia Calonge que presuntamente modificó el expediente, la propia presidenta regional, Cristina Cifuentes, el director del máster y los miembros del tribunal que calificó el trabajo de fin de máster.

Parece claro, según fuentes fiscales, que lo primero es estudiar todos los documentos, requerir el testimonio de los aludidos, de profesores, de la propia Universidad Rey Juan Carlos (URJC) … antes de hacer cualquier tipo de valoración sobre la presidenta regional, ya que por su condición de aforada, solo puede ser investigada por el Tribunal Supremo.

Pero este horizonte es lejano y de momento, es la secretaria técnica del Fiscal General Julián Sánchez Melgar quien estudia el detalle y su alcance penal. En función de este análisis y en el caso de que el criterio sea el de abrir las diligencias mencionadas, se determinará también qué departamento es el competente y si el procedimiento permanece en manos de la Fiscalía Superior de Madrid o alguna otra regional. Cifuentes, como presidenta, es aforada ante el Tribunal Supremo.

La falsificación de documentos lleva aparejadas penas de prisión, de hasta seis años

Los fiscales trabajan sobre el acta que presuntamente fue redactada el pasado 21 de marzo —poco después de que estallara el escándalo— y en la que al menos dos de las tres firmas de las profesoras fueron falsificadas.

Entre la documentación que figura en la mesa del fiscal se encuentra: la matrícula del Máster Universitario en Derecho Público del Estado Autonómico (con un coste de 1.586 euros), con la relación de las 13 asignaturas impartidas, incluyendo el trabajo fin de máster; el certificado del pago de las tasas de expedición del título académico en 2014; un certificado académico con las calificaciones finales obtenidas en cada una de las materias; acta del trabajo fin de máster con la calificación de 7,5 puntos, de fecha 2 de julio de 2012, y un correo electrónico en el que uno de los profesores solicita en octubre de 2014 a la funcionaria Amalia Calonge que se subsane el error de transcripción de la calificación de Cristina Cifuentes.

En el escrito de los estudiantes, presentado el pasado 22 de marzo, se solicita al Fiscal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid que se cite a declarar "en condición de investigada" a Cifuentes y que se adjunte una copia certificada del registro de accesos al expediente académico de la presidenta regional. 

A su vez, se reclama al Ministerio Público que se le pidan los correos electrónicos, las comunicaciones con su tutor del Trabajo de Fin de Máster (TFM) y las anotaciones y evaluaciones a la confección del mismo, así como copia o documentos de haber depositado el citado TFM "en tiempo y forma correspondiente al curso académico 2011/12".

También reclama que se tome testimonio a la funcionaria que modificó el expediente académico, al tutor del trabajo del máster de Cifuentes, así como a la persona designada por el servicio informático de la URJC que volcó la información y las actas de evaluación, así como la emisión de los certificados de los másteres que ofrece la mencionada universidad.

 Otra testifical que recoge este escrito de denuncia es que comparezca el personal designado por el Instituto de Derecho Público de la URJC al objeto de aportar documentación que pudiera obrar por la institución respecto al nombramiento del 

A su vez, se insta a solicitar la copia de la agenda y libros de visita en Delegación de Gobierno y de la Comunidad de Madrid correspondiente a las fechas de realización de la comisión evaluadora y los correos del director del máster, a fin de cotejar la "verosimilitud" de las explicaciones de Cifuentes al respecto.

Javier Álvarez

Javier Álvarez

Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en La Cadena SER donde esta vinculado a la sección de Justicia...

 
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