La jefa del registro del testamento vital de Las Palmas muere con dolor en un hospital público
Los hijos denuncian que los médicos incumplieron las últimas voluntades de su madre que sufrió ensañamiento terapéutico
44121120 - Paciente en un hospital / 06photo (ISTOCK)
Madrid
Una mujer que hizo su testamento vital para evitar morir con dolor y para garantizar que tendría una muerte digna al final de su vida ha fallecido en un hospital público de Canarias después de siete días de extremo sufrimiento para ella y para su familia. Se da la cicunstancia de que esta mujer, Marcela Padrón Rodrígnea, era la responsable del registro de voluntades anticipadas de la Consejería de Sanidad en Las Palmas. Sus hijos denuncian que fue sometida a ensañamiento terapéutico.
Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín de Las Palmas / www2.gobiernodecanarias.org - Archivo
Marcela sufría una cáncer linfático. En enero empezó el tratamiento con quimioterapia con el compromiso, dicen sus hijos, de que se aplicaría el documento con sus últimas voluntades en caso de compliaciones.
El 8 de marzo empeora e ingresa en el hospital público Doctor Negrín de Las Palmas donde por cierto la tienen nueve horas en un pasillo de urgencias, en la salida de Emergencias, hasta que la suben a planta. Una negligencia reconocida por el propio personal del servicio que animan a la familia a poner una reclamación.
El dia 12, Marcela sufre un fallo multiorgánico y pasa a la Unidad de Reanimación porque no hay camas en Medicina Intensiva. La primera médica, la de guardia, ya les advierte de que allí el testamento vital no sirve.
Según denuncian los hijos, su madre pasa cuatro días amarrada a la cama, sin sedantes ni calmantes porque la responsable de reanimación entiende que le provocarían una bajada de tensión cardíaca con riesgon de muerte o intubación.
Convencidos de que estaba sufriendo y padeciendo mucho dolor, piden insistentemente la aplicación del testamento vital que dejó firmado su madre. La respuesta de los médicos fue que había que esperar porque sedarla significaba arrebatarle la oportunidad de vivir, a pesar de reconocer que estaba muy grave y que tenía pocas posibilidades de salir adelante. También solicitaron sin éxito la opinión del Comité Ético Asistencial. Les llegaron a decir que era una herramienta absurda, ridícula y sin utilidad.
Todavía horas antes de morir, el hematólogo les aseguró que el linfoma de su madre era una enfermedad perfectamente tratable. Fue el 15 de marzo. Ese mismo día, otra médica de guardia del servicio de reanimación atendió la petición de los hijos y decidió sedarla aprovechando un mínimo empeoramiento. La mujer falleció a las siete de la tarde.
Marcela trabajaba en la Consejería de Sanidad y fue en la última década la encargada de tramitar en Las Palmas el testamento vital, un documento en el que creía como una herramienta fundamental para que la población pudiera procurarse una muerte digna. Lo defendio y promovió tanto en su vida profesional como en su vida privada con gran entusiasmo y pasión, según relatan sus hijos.
Y a Marcela no le sirvió al final de su vida. Su familia denuncia que no solo se incumplió su documento de últimas voluntades, sino que además, debido a una interpretación “torticera“ del mismo, sufrió “ensañamiento” en el departamento de reanimación del hospital Doctor Negrín de Las Palmas de Gran Canaria.
Fuentes del centro hospitalario apenas han ofrecido explicaciones sobre el caso. Una portavoz ha dicho a la Ser que el documento de voluntades anticipadas se aplica en función del estado de cada paciente, que se aplica cuando el enfermo no está consciente y que es el criterio médico el que decide y determina su cumplimiento.
Canarias es precisamente una de las nueve Comunidades Autónomas que cuenta con una ley de muerte digna. Todas son muy similares. Ante una situación terminal o enfermedad incurable e irreversible reconocen el derecho del paciente a recibir sedación aunque acorte la vida y a la renuncia a tratamientos para evitar prolongar la agonía.
Son en realidad leyes de cuidados paliativos que teóricamente garantizan que no habrá obstinación terapéutica al final de la vida. No contemplan la eutanasia ni el suidicio asistido. La ley canaria, en su artículo 19 apartado 3, dice que los profesionales sanitarios tienen la obligación de respetar los valores e instrucciones contenidas en la manifestación anticipada de voluntad.
En el Congreso está pendiente de tramitación una ley estatal de muerte digna impulsada por Ciudadanos que, como las autonómicas, tampoco incluye ni la despenalización de la eutanasia ni del suicidio asistido. Avances que sí recogía la iniciativa que presentó Podemos en la Cámara Baja y que fue rechazada. El PSOE no la apoyó entonces pero el propio Pedro Sánchez anunció que su partido está preparando una proposición de ley para regular la eutanasia que presentará en los próximos meses.
