La Fiscalía también considera "acreditada" la financiación ilegal del PP de Camps

Madrid

En una jornada maratoniana en la que han sido escuchadas las conclusiones finales y los informes de todas las partes del juicio por la financiación ilegal del Partido Popular de Valencia en el caso Gürtel, la fiscal Anticorrupción, Miriam Segura, ha considerado “acreditado” que el Partido Popular de Valencia se financió con dinero negro “al menos desde 2004” y también para las elecciones municipales y autonómicas de 2007, y las generales de 2008.

Es la segunda vez que el Ministerio Público aprecia como probado que esta formación política se ha nutrido de fondos ilícitos. Su compañera Concepción Sabadell también afirmó en el juicio a la primera época de la Gürtel que la contabilidad b del Partido Popular estaba “plena y abrumadoramente acreditada”. Pero en ese caso, se refirió al PP nacional y desde 1990 hasta al menos 2008, ya con la presidencia de Mariano Rajoy.

Miriam Segura ha aseverado que el PP de Francisco Camps presentaba cuentas “inveraces” e “inducía” a la corrupción, al reclamar dinero negro a empresas a cambio de contratos públicos para pagar actos electorales, y modificar los conceptos de las facturas. Con ellas, “engañaba” al Tribunal de Cuentas, pues tampoco eran fiscalizadas por la dirección nacional. Había, dice la fiscal Miriam Segura, una “coherencia interna” en el engaño.

Pocas veces en un juicio quedará tan acreditada la financiación ilegal de un partido, porque los nueve empresarios acusados de nutrir al PP con fondos ajenos al circuito legal han confesado y ya han sido condenados por ello en conformidad. También el líder de la trama Francisco Correa, así como sus colaboradores Pablo Crespo y Álvaro Pérez han reconocido cobros millonarios en negro, y hasta el exsecretario general del PP en la Comunitat valenciana, Ricardo Costa, admitió la financiación en b y apuntó a sus principales responsables, Francisco Camps y Juan Cotino.

La fiscal ha valorado de forma positiva el arrepentimiento y reconocimiento de hechos de la trama y de Costa. No obstante, lamenta que estas confesiones no se hayan producido antes, para evitar lo que ha sucedido: que “algunos responsables”, en clara alusión a Francisco Camps, puedan haber escapado de esta causa por prescripción de los delitos.

Por su parte, las defensas del entramado han criticado que la Fiscalía se ha quedado en los cargos intermedios. No preguntó a los empresarios corruptos confesos “quién desde la Generalitat les pidió que pagaran a la Gürtel los gastos del partido, y a cambio de qué obra pública”. Para Margarita Crespo, hija y abogada del número dos de la trama, Pablo Crespo, la Fiscalía “no ha querido llegar hasta el fondo de la verdad”. Para ella, “la corrupción no está en el que cobra” por un servicio sino en “quién paga, cómo lo paga y el motivo por el que lo paga”, en alusión a los empresarios. Porque según ha recordado Crespo, el PP obligó a la marca valenciana de la Gürtel, Orange Market, a cobrar de manera ilícita. Era la única manera de percibir la deuda que la formación conservadora había contraído con las empresas de Correa por la organización de actos electorales.

"Hoy, la justicia ha palmao"

Solo Álvaro Pérez “El Bigotes” ha ejercido su derecho a la última palabra. Noqueado después de conocer que el Tribunal Supremo había confirmado la condena de cárcel por el caso Fitur, otra de las piezas de la Gürtel, ha manifestado que no volverá “a colaborar con la justicia”.

El Bigotes ha dicho que “hoy la justicia ha palmao(sic)”. Se ha quejado de que ha estado “10 años soportando que sicarios mediáticos, palanganeros, vendedores de chochonas, pidan justicia ejemplar y yo lo único que quería es justicia, hoy la verdad ha muerto porque la verdad no se ha juzgado”.

“¿A quién has matado?”, afirma Pérez que le dicen sus compañeros de módulo en la cárcel de Valdemoro, para condenarle a 13 años de cárcel.

La Fiscalía pide rebajas considerables para aquellos que han reconocido los hechos, como a los integrantes de la trama o a Ricardo Costa, que pasa de 7 años y nueve meses de cárcel a 4 años y 3 meses de presidio, mientras que mantiene la solicitud de condena inicial para el exvicepresidente Vicente Rambla, con 6 años y 3 meses de prisión, y para el resto de políticos como los casos de David Serra o Cristina Ibáñez, con 7 años y nueve meses de cárcel.

El juez José María Vázquez Honrubia dictará en breve la sentencia.