La Fiscalía vuelve a pedir el archivo de la causa contra Barreiro y cuestiona parte de la investigación de la trama Púnica

Madrid

La Fiscalía ha vuelto a pedir al Tribunal Supremo que archive la causa abierta contra la senadora Pilar Barreiro por su supuesta implicación en una de las ramas de la trama Púnica: el Ministerio Público cree que los interrogatorios han demostrado que no destinó dinero público a mejorar su imagen electoral y cuestiona esta parte de la investigación que en la Audiencia Nacional mantiene imputados a varios excargos públicos por la misma acusación.

El fiscal Fernando Sequeros, que por segunda vez pide el archivo de esta rama de la Púnica, reconoce que negociar contratos menores con empresarios en hoteles de Madrid por parte de la entonces alcaldesa de Cartagena puede tener un "merecido afeamiento" pero que no encaja en ninguno de los cinco delitos de corrupción que le atribuyó el juez Velasco, de la Audiencia Nacional, en un primer momento.

El escrito da por buena la versión sostenida tanto por la acusada - que tras su imputación dejó el grupo 'popular' del Senado para irse al grupo mixto - como por varios testigos de referencia. Por ejemplo Francisco Celdrán, expresidente del PP de Cartagena, que afirmó que los gastos de su campaña personal iban a ser asumidos por la formación conservadora.

Para el Ministerio Público, el reproche que pueda merecer Barreiro por gestionar así el dinero público "no llega a tener encaje de manera adecuada en el orden penal", reprochando incluso que cuando un político quebranta la "ética profesional" eso "viene sancionándose con innecesaria premura, tan solo con el apoyo del dato de la pertenencia del afectado a un colectivo concreto o agrupación, al poder afectar su comportamiento a unos intereses corporativos, eventualmente puestos en tela de juicio".

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La investigación de esta parte de la trama Púnica abierta contra Barreiro en el Supremo ya ha sido concluida y la magistrada Ana Ferrer se encuentra a la espera de que las partes informen sobre si envía el caso a juicio o no. La Fiscalía no cree procedente que Barreiro deba sentarse en el banquillo, poniendo en tela de juicio la parte de la investigación en la que se cuestiona la contratación de Alejandro de Pedro para mejorar la imagen de diversos cargos públicos.

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"Resulta extraordinariamente difícil en este trance separar la promoción institucional del prestigio personal del político, del protagonismo de la obra creada por el mismo, como servicio social" al ser un "aspecto nuclear que ha primado y primará tanto en el programa como en la campaña electoral". Con estas palabras el fiscal del caso cuestiona, por tanto, que el destinto de dinero público a este tipo de campañas pueda ser considerado delictivo, motivo por el que por ejemplo también está imputada la exconsejera madrileña Lucía Figar o el expresidente murciano, Pedro Antonio Sánchez.