Las ONG recelan de la legalidad de la devolución de los 116 migrantes a Marruecos

Madrid

Diversas ONG han arremetido contra la decisión del Gobierno de devolver a Marruecos los 116 migrantes que saltaron la valla de Ceuta porque sospechan de que la celeridad con que se hizo, en apenas 24 horas, impidió que se cumplieran las garantías y derechos de estas personas.

Es el caso de Save the Children, que en un comunicado ha mostrado "sus dudas" de que se hayan podido identificar a menores de edad en un plazo de tiempo tan breve y con un número tan elevado de personas implicadas.

"Lo sucedido ayer no responde a una política centrada en los derechos humanos y la defensa de la infancia", ha advertido el director general, Andrés Conde, a quien le "cuesta creer" que se haya garantizado el derecho de las personas migrantes a ser escuchados "en un proceso hecho con tal celeridad".

España devolvió ayer este grupo a Marruecos en virtud de un acuerdo suscrito entre ambos países en 1992, según el cual el Gobierno alauita debe readmitir a los migrantes en situación irregular si se demuestra que han accedido a territorio español a través de su frontera.

Marruecos aceptó así readmitirlos y la Policía Nacional realizó todos los trámites habituales para expulsarlos mediante un procedimiento que se ha llevado a cabo de forma individual, migrante por migrante, con asistencia letrada y sanitaria, según informaron fuentes de Interior.

Pero organizaciones como la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado también desconfía de que se respetaran las garantías básicas de los migrantes y por ello ha denunciado ante el Defensor del Pueblo su "deportación express".

Quiere así que Francisco Fernández Marugán averigüe el número de abogados puestos a disposición y el tiempo que han podido dedicar a la presentación de sus actuaciones, si el Ministerio del Interior pidió el apoyo de otras administraciones públicas o de entidades sociales, y el "itinerario social" que se ha seguido con estas personas.

"El acuerdo de 1992 no permite que se impida el cumplimiento de la legislación española y nos preocupa que lo que no hizo ningún gobierno anterior se haya adoptado ahora", ha resaltado.

También el director y fundador de Proactiva Open Arms, Òscar Camps, ha reprobado la actuación del Ejecutivo: "Lo más grave de hacer las devoluciones 'en caliente' es que si son capaces de hacer esto con el foco mediático, imagina lo que hacen en medio del mar, que todavía es peor", ha remarcado.

Estas ONG se suman así a las críticas que ayer mismo vertieron la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que ha expresado "su enorme preocupación ante este cambio de estrategia del Gobierno "pese a que "trate de justificarlo en el marco del acuerdo con Marruecos".

CEAR considera que "este cambio de políticas pone en marcha 'procedimientos acelerados' en poco más de 24 horas que impiden la detección adecuada de personas en situación de vulnerabilidad o que necesiten protección internacional", ha subrayado.

Amnistía Internacional fue más allá y exigió al Ejecutivo a paralizar las expulsiones exprés que se están produciendo desde España hacia Marruecos al considerar que pueden suponer "una violación de derechos humanos de las personas migrantes y posibles solicitantes de asilo".

UGT se ha sumado a la "preocupación y dudas" vertidas por las organizaciones humanitarias por la "celeridad en la sustanciación de los trámites" que ha tachado de "inusual" y que por ello considera que debe explicar Interior.