Los opositores de algunas comunidades denunciaron una «escabechina» el pasado mes de julio en las oposiciones a secundaria. Las cifras prueban que fue así en muchos casos. En total de las más de 23.000 plazas que se convocaron se han quedado desiertas casi 2.000, un 8%, según datos recopilados por la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras a los que ha tenido acceso la SER , y que están incluidos en el informe de inicio de curso que va a presentar esta mañana. A las pruebas se presentaron 250.000 aspirantes. El 8% es la media estatal pero hay por comunidades autónomas hay datos realmente llamativos y preocupantes: en Madrid se han quedado sin cubrir un 20% de las plazas, en Navarra un 24%, en País Vasco un 26%. En Murcia, Castilla - La Mancha, Castilla y León y Cantabria un 12% de las plazas no han sido adjudicadas. Asturias, Baleares y Extremadura rozan el 10% de plazas de profesor vacías. «La de este año es una cifra que nos parece inusualmente alta», afirma Francisco García, secretario general de la Federación, «Nos parece además que no tiene sentido en el contexto en el que estamos abordando un plan para la consolidación de empleo, para reducir el empleo temporal, para reducir la tasa de interinidad, y resulta que los tribunales no cubren las plazas que se convocan». Los sindicatos negociaron con el Gobierno del PP un plan para reducir la precariedad del empleo público en sectores como la sanidad y la educación que se ha disparado durante la crisis por los límites a la contratación. Tras la convocatoria de este verano las plazas que no han sido adjudicadas a ningún opositor serán ocupadas de nuevo por docentes interinos. Es decir, que no se va a reducir la precariedad entre los profesores todo lo previsto. Los sindicatos temen que a este ritmo no se cumpla el objetivo de rebajar la interinidad- que roza el 27%, casi uno de cada tres profesores es precario - al 8% en 2022: « Va a ser difícil», señala Francisco García, «En primer lugar porque las plazas que las administraciones educativas han comprometido hasta el año 2022 son en torno a las ochenta mil y según nuestros cálculos deberían rondar las 150.000. Si además de convocar pocas plazas no se cubren el objetivo del 8% estará muy lejos y podemos terminar el proceso de consolidación del empleo con unas tasas de temporalidad que podrían quedar fácilmente en el 16 o 17%». Los sindicatos piden una revisión del sistema de oposiciones en la que los exámenes no sean eliminatorios para que los aspirantes puedan ser evaluados en su conjunto. Eso como solución transitoria porque la definitiva consideran que pasaría por un estatuto docente que modernizara y regulara el acceso al empleo de profesor y la carrera profesional. Para los padres la lista para esta la vuelta al cole es larga: «La ratio del alumnado que tiene que mejorar, tiene que mejorar las becas, tiene que mejorar la gratuidad de los libros de texto, los horarios...» Quien enumera los temas pendientes es Antonio Martínez, vicepresidente de la Confederación de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado de la Escuela Pública (CEAPA), que representa a unas 12.000 familias. Ellos piden al Ministerio de Educación «que pase de las promesas a los hechos en este curso escolar» que, recuerdan, se inicia en las mismas condiciones que el anterior y con la LOMCE en vigor. «No han sido una ni dos. Han sido muchas las cosas que han prometido y nosotros esperamos que eso se vaya cumpliendo. Los consejos escolares de los centros, por ejemplo, que tengan más peso y no que ahora las familias estamos ahí para ocupar un hueco. Nosotros esperamos que a partir de este curso lo que nos han dicho se empiecen a cumplir». El ministerio ha presentado un proyecto de ley para acabar con los recortes que siguen en vigor y ha anunciado cambios en la LOMCE- que la asignatura de religión deje de ser computable, una materia obligatoria de valores cívicos, priorizar la escuela pública frente a la concertada, o mejoras en el sistema de becas... - pero de momento no hay fechas ni plazos concretos para que se realicen. Unidos Podemos pidió a la ministra, Isabel Celaá, en su comparecencia en el Congreso el martes un calendario que fije los plazos para que los recortes y los aspectos más polémicos de la ley educativa no estén ya en vigor el curso que viene.