Las tres posibles vías para reclamar el dinero tras la sentencia del Supremo
Los afectados pueden acudir a la administración tributaria, ante el banco o ante los tribunales
El Tribunal Supremo todavía tiene que actualizar su doctrina por la vía civil
Madrid
La sentencia hecha pública este jueves por el Tribunal Supremo ha supuesto un auténtico terremoto que, entre otras cosas, ha desplomado el valor de los principales bancos españoles en bolsa. Los afectados se cuentan por millones y tienen tres caminos abiertos para reclamar su dinero a falta de nuevos pronunciamientos del Tribunal Supremo: la vía judicial, la vía tributaria y la vía bancaria.
La administración tributaria
Una opción es pedir a la administración tributaria que devuelva el dinero que tendría que haberle cobrado al banco. El artículo 66 de la Ley General Tributaria de 2003 es claro: el derecho de administración y contribuyente a revisar el pago (o impago) de un impuesto caduca a los cuatro años. Sus dos últimos apartados, concretamente, explican que prescribe a los cuatro años "el derecho a solicitar y obtener las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías".
Este impuesto que pesa sobre la inscripción de una hipoteca se paga directamente a la administración tributaria de la comunidad autónoma en la que nos encontremos, y como ha explicado el magistrado José María Fernández Seijo en el informativo H14 "la sentencia del Supremo abre reclamaciones ante la Agencia Tributaria". Esto, claro, si el año fiscal que reclamamos no está prescrito.
Portavoces de administraciones tributarias autonómicas explican a la SER que por el momento están estudiando la sentencia, sin poder decir a día de hoy qué hoja de ruta seguirán ante la previsible avalancha de peticiones.
Ir al banco
Acudir directamente al banco a pedir la cuenta no parece, a día de hoy, la mejor opción. En pleno análisis de los efectos del terremoto judicial, los bancos ya han adelantado su postura: este cambio de criterio por parte del Supremo les ha pillado con el pie cambiado, asumen esta nueva doctrina para el futuro pero no ven nada claro lo de desembolsar ellos el dinero que no han cobrado pero sí se han ahorrado. La asociación de consumidores ASUFIN asegura que "el consumidor reclamará al banco, no a Hacienda".
Por lo pronto, las patronales del sector bancario, AEB, CECA y Unacc han emitido un comunicado conjunto recordando que éste es un asunto "de naturaliza tributaria", explican que siempre han cumplido con la jurisprudencia del Supremo y reclaman al Estado"mayor seguridad jurídica y unas reglas claras y predecibles para el mercado hipotecario".
Las vía judiciales
"Estamos hablando de un laberinto judicial que no se va a resolver en unos días", ha añadido el magistrado Seijo. Está claro que la vía judicial es también un camino para reclamar tanto el dinero pagado de más como también la cláusula del contrato bancario que impuso el pago de este impuesto al cliente. El camino se bifurca aquí entre la vía civil y la contencioso-administrativa.
¿Quién puede reclamar, el qué y ante qué jurisdicción? Las asociaciones de consumidores coinciden en cifrar el alcance de la sentencia en ocho millones de afectados, pero "todo dependerá de la interpretación que se haga de la sentencia", afirma por ejemplo ADICAE en un comunicado. ¿Puede reclamar cualquiera? La retroactividad es otra de las grandes dudas, y desde ASUFIN que "la nulidad de la cláusula por falta de transparencia por lo que la acción no prescribe".
La sentencia que ha marcado el camino se ha dictado en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, ya que la empresa municipal de Rivas afectada recurrió la recaudación del impuesto. Otro campo de batalla será la jurisdicción civil si los afectados optan por cuestionar las cláusulas de sus contratos hipotecarios que les atribuyeron el pago de este impuesto a ellos y no al banco: aquí la última referencia del Tribunal Supremo dio la razón al Banco Sabadell y habrá que esperar a que ajuste su doctrina a la recién establecida por sus compañeros en la sala tercera. La posible avalancha de reclamaciones amenaza con sumarse al colapso provocado por las demandas relacionadas con cláusulas suelo.