Castilla y León baja a 36 euros la ayuda de 290 que recibía en Madrid una gran dependiente
Una mujer con alzhéimer pierde el 90% de la paga para el cuidado familiar al irse a vivir a su pueblo en Soria
Una mujer auxiliar de asistencia a domicilio / OXFAM INTERMÓN (EUROPA PRESS)
Madrid
La Junta de Castilla y León ha reducido drásticamente la prestación económica para cuidados en el entorno familiar a una mujer gran dependiente incumpliendo además el nivel mínimo de protección y cobertura establecido legalmente por el Gobierno.
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Ana Caridad Escribano tiene 91 años. Sufre alzhéimer y una situación de dependencia Grado III, la máxima reconocida por la ley. Es una persona que necesita atención día y noche, requiere asistencia las 24 horas. Hasta el año pasado vivía en Madrid con su hija y recibía del gobierno madrileño 290 euros mensuales de ayuda en el entorno familiar.
Ana Caridad se cambió de domicilio. Se fue a vivir con su hijo Enrique y actual cuidador a su pueblo natal Cueva de Ágreda, en Soria. Pero la sorpresa fue mayúscula cuando recibieron la resolución de la Junta de Castilla y León. Le rebajó la paga de cuidados familiares primero a 31,92 euros al mes y tras presentar un recurso de alzada, se la subió a 36, solo cuatro euros más. Sin haber variado ninguna de sus circunstancias, con el mismo grado máximo de dependencia y con la misma pensión, Ana Caridad perdió el 90% de la ayuda.
Su hijo Enrique Martínez, de 61 años, que cuida a su madre, en “forma de dedicación completa” como dice la resolución, considera que esta desigualdad territorial es “sangrante porque con 36 euros no vas a ningún lado”. Denuncia además que la Junta incumple el Real Decreto aprobado en diciembre de 2017 por el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales que establece un gasto mínimo de 190 euros al mes por cada gran dependiente con el dinero que el Gobierno transfiere a las Comunidades Autónomas.
¿Beneficiarios o damnificados?
Enrique subraya que ningún dependiente de Grado III debe recibir menos porque es un “gasto finalista” del Estado. Y se pregunta si no se “deberían incluir también entre las 300.000 personas que están en el limbo de la dependencia a los que reciben 36 euros mensuales. ¿Cuántos son? Estos dependientes se cuantifican como beneficiarios de la ley, pero en realidad son damnificados”.
La Cadena SER ha preguntado a la Consejería de Familia de la Junta por esta severa disminución de la ayuda y un portavoz de la Gerencia de Servicios Sociales ha indicado que tienen que analizar el caso y el expediente. Admiten estas fuentes que Castilla y León aplicó en 2012 un recorte del 30% a las prestaciones para los cuidados familiares, el doble que el fijado entonces por el gobierno de Rajoy. Y explican que el objetivo fue potenciar los servicios profesionales de atención a la dependencia en detrimento de las pagas a los cuidadores.
El problema es que Ana Caridad y su hijo viven en un pequeño pueblo del Moncayo de solo 75 habitantes, un pueblo de la España vacía que carece de los servicios básicos. Cueva de Ágreda no tiene centro de salud, ni escuela, ni siquiera hay una tienda. Solo tiene una cantina. El médico visita la localidad un día a la semana para pasar consulta a los vecinos, todos muy mayores, porque el centro de salud más cercano está a nueve kilómetros de distancia.
Pese a la drástica reducción de estas prestaciones para la atención familiar, sorprendentemente Castilla y León figura en las estadísticas oficiales y en los informes del Observatorio de la Dependencia a la cabeza en la aplicación de la ley por ser la comunidad con más personas atendidas, la que hace más evaluaciones y la que tiene menos lista de espera.
