El Vaticano garantiza al Gobierno que no se opondrá a la exhumación de Franco
El Gobierno planea cambios legales para que los abusos sexuales no prescriban
La vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, ha mantenido esta mañana una reunión con el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin.(EFE)
Madrid
Ambiente cordial y disposición a seguir dialogando son las conclusiones de la reunión que esta mañana han mantenido en Roma la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, según un comunicado del Ministerio de la Presidencia.
La exhumación de los restos de Franco, la revisión de las inmatriculaciones de la iglesia y el esclarecimiento de los casos de abusos son los temas concretos que han trascendido de un encuentro, respecto al que la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, sin detallar mucho más, dijo el último viernes que existe "un largo listado" de temas que podrían abordarse.
Abusos sexuales
El comunicado del Gobierno señala que Parolin y Calvo han estado de acuerdo en la necesidad de otorgar justicia a las víctimas de abusos y prevenirlos en el futuro, y que la vicepresidenta ha informado al secretario de Estado de posibles cambios en el Código Penal para que estos delitos sean imprescriptibles.
El pasado 16 de octubre la Conferencia Episcopal anunció que creará una comisión encargada de elaborar una nueva normativa para la prevención y protección de los abusos sexuales a menores y que revisará sus protocolos de actuación en estos casos.
La exhumación de Franco
Una vez aprobado a finales de agosto el real decreto para la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos, la polémica se centra ahora en el deseo expresado por la familia del dictador de que sus restos se trasladen a la cripta que poseen en la catedral de la Almudena y su petición de que ese proceso se lleve a cabo con honores militares.
Sin duda este será uno de los temas que se han podido tratar en la reunión de esta mañana, aunque el portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José María Gil Tamayo, explicó recientemente que la Iglesia no puede negarle a un cristiano el enterramiento y máxime si tiene derecho adquirido de familia. "Los muertos no tienen carné político", dijo Gil Tamayo en rueda de prensa a primeros de mes, antes de subrayar que "la Iglesia no puede oponerse".
También la propia vicepresidenta desvinculó recientemente este asunto del encuentro con el secretario de Estado vaticano, aunque la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, si lo incluyó entre los posibles asuntos a tratar.
Inmatriculaciones
El Gobierno está elaborando un informe sobre las inmatriculaciones (registrar una propiedad por primera vez) que llevó a cabo la Iglesia católica a raíz de la reforma de la Ley Hipotecaria de 1998, durante el gobierno de José María Aznar, entre ellas la de la mezquita de Córdoba en 2006. Un reciente informe encargado por el ayuntamiento de la ciudad andaluza concluyó que no existen razones históricas que avalen el derecho de propiedad de la iglesia católica sobre el monumento.
El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, señaló recientemente que, cuando el informe sobre las inmatriculaciones esté preparado, el Ejecutivo "actuará en consecuencia", mientras que la Conferencia Episcopal defiende su derecho y afirma, según Gil Tamayo, que no han hecho otra cosa que "cumplir la legalidad".
La polémica sobre las inmatriculaciones parte de la ley de 1946 que asimilaba a la iglesia con los funcionarios públicos a la hora de acreditar la propiedad de un inmueble y, por tanto, quedaba eximida de presentar la documentación que si se pide a cualquier otra persona física o jurídica. Esa potestad se amplió incluso con la citada ley de 1998, que incluyó los templos de culto, y se eliminó definitivamente con la última reforma de 2015.
Educación
Como cada vez que gobierna el PSOE, la asignatura de Religión promete ser otro punto de fricción entre el Ejecutivo y la Iglesia. Ahora, el Gobierno ha anunciado su intención de crear una asignatura obligatoria de "valores cívicos y éticos" y que la Religión deje de contar para la nota de Bachillerato.
"Religión no puede tener valor académico y contar para la nota media. Y, desde luego, no puede tener una asignatura espejo como alternativa, porque eso significa que el derecho de unos se convierte en la obligación de otros", dijo la ministra de Educación al principio del verano.
La educación siempre ha sido objeto de desencuentros entre los gobiernos socialistas y la jerarquía de la Iglesia católica, hasta el punto de que en 2007, la Conferencia Episcopal se quejó de que la asignatura de Educación para la Ciudadanía serviría para formar la conciencia moral de los alumnos y admitió incluso la objeción de conciencia para no aplicarla.
No obstante, lejos parecen los tiempos en los que, como ocurrió en 2008, incluso los obispos asistían a manifestaciones contra el Gobierno por asuntos como el matrimonio homosexual o la reforma de la ley del aborto. Tampoco hay señales de que el Gobierno vaya a ir demasiado lejos en el planteamiento de Pedro Sánchez -antes de llegar al Ejecutivo- de revisar el Concordato con el Vaticano.
