El Poder Judicial manifiesta su compromiso con la libertad de información pero reconoce que no puede hacer nada

Madrid

En el comunicado, la Comisión Permanente asegura que “comprende la preocupación expresada por los profesionales del periodismo y medios de comunicación en el escrito que nos han dirigido el día de hoy y afirma que los derechos constitucionales a transmitir, recibir información veraz y al secreto profesional no se agotan en la dimensión subjetiva de sus titulares, sino que trascienden a una dimensión objetiva y se constituyen en pieza clave de nuestro Estado social y democrático de Derecho”

“Sin una prensa libre que cuente con un marco adecuado de protección no es posible el desenvolvimiento de una sociedad democrática” precisa el comunicado, al tiempo que manifiestan “su compromiso y su defensa del derecho fundamental a la libertad de información”.

La tarea de establecer el alcance y límites corresponde a los jueces y tribunales pero la revisión y control no es ni puede ser función del Consejo General del Poder Judicial, sino de los propios tribunales por la vía de los correspondientes recursos o mediante el ejercicio de las acciones que resulten procedentes.

La cuestión jurisdiccional es un territorio exento de cualquier interferencia del Consejo General del Poder Judicial. Lo contrario implicaría una intromisión indebida de este órgano de gobierno con la potestad jurisdiccional de los tribunales incompatible con las funciones y competencias del Consejo y con la independencia de los jueces y tribunales.

La reivindicación de los periodistas

Más de 650 periodistas de medios de comunicación de todo el territorio nacional han firmado un escrito presentado ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el que instan al órgano de gobierno de los jueces a posicionarse en favor del derecho fundamental a la información sin injerencias indebidas que blinda la Constitución frente al "insólito e injustificado" ataque a la libertad de prensa acometido en las redacciones de Europa Press y el Diario de Mallorca en Baleares.

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Se trata del segundo escrito que promueven los informadores después de las entradas y registros en las mencionadas redacciones por las que agentes de la policía se incautaron de los teléfonos móviles personales de dos periodistas así como de dos ordenadores en el caso de Europa Press, persiguiendo un delito de revelación de secretos, que en ningún caso podría cometer el periodista al publicar una exclusiva en relación al caso de corrupción por el que se investiga al empresario Bartolomé Cursach.

La primera denuncia presentada ante la Fiscal General del Estado y su órgano asesor, el Consejo Fiscal, ha tenido una respuesta tibia al evitar pronunciase porque había una investigación judicial abierta

"En 40 años de vigencia de nuestra Constitución ningún miembro del Poder Judicial había ordenado entradas y registros en medios de comunicación para incautarse de teléfonos móviles y ordenadores de periodistas que tratan de cumplir su misión constitucional en relación con un caso de corrupción: proporcionar información veraz a los ciudadanos", destaca el escrito.

Los periodistas firmantes consideran que el propósito de esa "insólita actuación", el "volcado y estudio" de los datos almacenados en los teléfonos móviles, ordenadores y pendrives para descubrir a los supuestos autores de filtraciones, está "del todo injustificado".

"El secreto profesional de los periodistas es el único secreto constitucionalmente protegido y su sacrificio para perseguir un delito de revelación que, si acaso, estaría castigado con una simple multa representa no solo un ataque desproporcionado al derecho fundamental a la información sino que también sienta un precedente gravísimo al demoler por completo y de forma indiscriminada la debida protección de las fuentes periodísticas", denuncian.

Sin estas fuentes, recuerdan los periodistas, "la libertad de información, fundamento del sistema democrático y de una opinión pública libre, simplemente desaparece".

Consideran que el CGPJ "no puede permanecer ajeno a este despropósito" y apelan así a "su buen criterio para transmitir a la sociedad su inequívoco compromiso con el derecho fundamental a la información sin injerencias indebidas".