La religiosa María Gómez Valbuena, más conocida como Sor María, se ha acogido a su derecho a no declarar en su comparecencia ante el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, que investiga la causa de los «niños robados». La religiosa abandonó los juzgados custodiada por una decena de policías que llegaron a empujar a los periodistas que cubrían la información. María Gómez Valvuena, la primera religiosa imputada por el posible robo de una menor en la Clínica Santa Cristina de Madrid, se ha negado a declarar en calidad de imputada en los Juzgados de Plaza de Castilla. Sor María, con el hábito de las Hermanas de la Caridad, acudió al Juzgado poco después de las ocho de la mañana - casi hora y media antes de la hora a la que estaba citada - acompañada por otra monja de la congregación. Ha entrado por una de las puertas laterales de los Juzgados de Guardia, evitando así los focos de la puerta principal. La religiosa ha estado custodiada por agentes de la Policía Municipal en todo momento. Primero, en la sala de vistas donde esperaba antes de comparecer ante el juez. Y a la salida del edificio, una decena de agentes a modo de barrera de seguridad se encargaban expresamente de que evitar incidentes, dada la gran expectación mediática que ha producido su comparecencia. La religiosa fue escoltada hasta un vehículo de alta gama entre empujones a los periodistas que cubrían la información y las increpaciones de familias de afectados. Paloma Jiménez, presunta hija robada, contaba su caso. «¿Cómo os sentirías vosotros si ves que a ella la tienen tan protegida y a nosotros que nadie estaba para protegernos? Soy una niña robada. Nací el 3 de marzo del 1957, me enteré hace ocho años gracias a mi madre adoptiva que me explicó que no era mi madre. Me dijo que su hijo acababa de morir y se quedó conmigo». La abogada Ana Jiménez, en representación de Maria Luisa Torres y su hija biolólica Pilar Álvarez, investigación que se instruye en este juzgado, ha señalado «que Sor María se ha limitado a decir que no declaraba y se encontraba tranquila». Según fuentes judiciales, el magistrado Adolfo Carretero, que instruye la causa, continuará practicando diligencias. Mañana declararán en calidad de testigos los padres adoptivos de Pilar Álvarez, la joven que supuestamente fue arrebatada por la religiosa cuando era un bebé. El magistrado mantendrá la imputacion de María Valvuena por presuntos delitos de detención ilegal y falsedad documental. La religiosa, que tiene cerca de 80 años y vive en un convento de las hermanas de la Caridad en Madrid, es la primera imputada que declara ante el juez después de que el magistrado recibiera la denuncia de la Fiscalía de Madrid sobre el caso de María Luisa Torres, una madre que acusa a la monja de haberle arrebatado a la hija que tuvo en marzo de 1982 en la clínica madrileña Santa Cristina. La monja trabajaba como asistente social en ese hospital cuando, según la denunciante, ocurrieron los hechos. El pasado día 3 María Luisa Torres, que declaró como testigo ante el juez, ratificó su denuncia y explicó que Sor María le quitó a su bebé por «adúltera», ya que el padre no era su marido, después de haber intentado engañarla diciéndole que la niña había fallecido en el parto. La comparecencia de sor María en el Juzgado ha coincido con la reunión que las asociaciones de afectados por los casos de «niños robados» han mantenido este jueves con los ministros del Interior, Justicia y Sanidad, Jorge Fernández, Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Mato, respectivamente, además de con el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, y en la que el Gobierno se ha comprometido a elaborar un censo de posibles casos de «niños robados».